La decisión de Bruselas se debía haber hecho pública en julio, pero las deliberaciones se han prolongado a causa del debate entre Joaquín Almunia, comisario de Competencia, y algunos de sus colegas en el Ejecutivo comunitario, liderados por el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que consideraban que dar el visto bueno a las nuevas ayudas públicas de España al sector del carbón contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables. En la discusión se han tenido en cuenta los argumentos de Industria, que justificaba el decreto en la necesidad de “garantizar la seguridad del suministro de electricidad durante los próximos cuatro años”, pero sobre todo han pesado las presiones ejercidas desde el Gobierno.
La intención de Bruselas es que España, Alemania y Rumanía, los países que cuentan con las mayores cuencas mineras deficitarias, comiencen lo antes posible con la reconversión del sector, con el objetivo de que a partir del 1 de julio de 2014 sólo sigan en funcionamiento las minas rentables.