El Convenio de Aarhus fue ratificado por España el 29 de diciembre de 2004, entró en vigor el 29 de marzo de 2005, y es directamente aplicable desde su entrada en vigor. Supone obligaciones por sí mismo, reconoce y regula derechos para las personas, y debe ser respetado por todos los órganos del Estado, incluidos los judiciales. Tiene un valor jerárquico superior a la ley pero no a la Constitución. Así pues, desde su entrada en vigor, regula los derechos de acceder a la información, a participar en la toma de decisiones y acceder a la justicia en materia ambiental.