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Como ya avanzó ABC el pasado lunes, el Gobierno Central y el Gobierno Autonómico acordarían una "encomienda de gestión" durante seis meses de las aguas del río Guadalquivir. Dicho acuerdo se firmará hoy, y espera ser una solución provisional tras el revés que supuso el fallo del Tribunal Constitucional.

En dicha sentencia, el propio Constitucional, declaraba no sólo la inconstitucionalidad, sino también la nulidad del artículo 51 del nuevo Estatuto de Andalucía, por el que se transferían las competencias sobre el río Guadalquivir a la Junta de Andalucía.

Así, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, y la ministra de Medio Ambiente Rural y Marino, Rosa Aguilar, firmarán una "encomienda de gestión" provisional, que persigue proteger las actividades en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir de un posible vacío legal tras la sentencia del Tribunal Constitucional, al menos mientras se acuerda una solución que sea definitiva.

Para Emilio Viera, jurista de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), en declaraciones a ABC, "todo esto era previsible porque la opinión generalizada de los juristas fue siempre que el traspaso del Guadalquivir era incostitucional y además había un precedente muy claro: otras sentencia del Constitucional, la 227/88 sobre competencias en ríos vascos que dejaba muy clara la importancia de mantener la unidad de cuenca y la imposibilidad de transferencia si no estaba el cien por cien de la cuenca dentro de la misma comunidad Autónoma".

Lo más grave, según advierte este jurista, es que se pueden dar agravios comparativos ya que la Ley de Aguas andaluza establece, por ejemplo, cánones que no contempla la Ley estatal, de tal manera que en un pueblo los regantes los tengan que pagar y en el de al lado, por estar dentro de la Cuenca del Guadalquivir, no los tengan que pagar.

Por tanto, mientras se llega a una solución definitiva, la "encomienda de gestión" permitirá prorrogar la situación jurídica actual pese a la sentencia del Tribunal Constitucional.