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La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha afirmado en el Congreso que el sistema actual para el registro y comercialización de productos fitosanitarios es "excesivamente complejo" y el Gobierno "lleva algún tiempo" trabajando para desarrollar un sistema "efectivo y eficaz" que reduzca los plazos de evaluación para cumplir con el "reto" que supone la entrada en vigor de la directiva europea a partir del próximo 14 de julio. 

En respuesta a una interpelación de la diputad de CiU Conxita Tarruella, Aguilar ha explicado que el Gobierno prepara un proyecto de real decreto que "modificará profundamente el sistema de evaluación" y se empezará a tramitar a primeros de abril, así como un plan para mejorar la disponibilidad de los productos fertilizantes y plaguicidas con tres medidas que "tendrán impacto inmediato" en buenos resultados.

De esta forma, se priorizará el "inmediato" reconocimiento mutuo de las autorizaciones de productos fitosanitarios y autorizados en otros estados miembros de la UE, al tiempo que se acelerara la evaluación de otros productos pendientes de evaluación en el área sur de la Unión. Además, se plantear la evaluación de los productos en paquetes con la misma materia activa, para evitar "duplicaciones innecesarias" de los trabajos.

"Estamos determinados y decididos con una voluntad firme a que España cumpla los nuevos requisitos y plazos de la normativa comunitaria", ha afirmado la ministra, quien ha recalcado que el sistema actual no puede dar respuesta a los retos de la normativa europea.

En concreto, ha aludido a la cuestión de los plazos de evaluación, que España tendrá que hacer ocho meses para poder pasar las autorizaciones al resto de Estados miembros de la zona mediterránea, para que éstos puedan, a su vez, disponer de cuatro meses para hacer lo propio y cumplir el límite de un año fijado por Bruselas.

Asimismo, Aguilar ha recordado que desde 2003 se ha pasado de permitir 1.100 sustancias fitosanitarias a 380 en la actualidad, al tiempo que se ha reducido su uso en muchos cultivos como consecuencia de la aplicación de límites de residuos, lo cual ha tenido beneficios en protección medioambiental y de salud, pero también ha supuestos un "desarme" en el control de plagas con gran incidencia en la agricultura mediterránea, sobre todo en los cultivos denominados menores.