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La Comisión Europea acaba de requerir a las autoridades españolas para que informen sobre las medidas adoptadas que promuevan la participación de las ONG en la redacción de normas ambientales. Este requerimiento es la respuesta del organismo internacional a la queja presentada por WWF España a principios de año.

La Comisión Europea ha requerido al Gobierno español en relación con la queja presentada por WWF sobre la negativa del derecho a participación a las ONG de medio ambiente en la elaboración de dos normas ambientales.

Dicho requerimiento se produce como consecuencia del escrito interpuesto por la organización ante la Dirección General de Medio Ambiente de la CE el pasado mes de febrero. En ella, WWF manifestaba que las autoridades españolas habían incumplido el artículo 8 del Convenio sobre “acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente”, firmado en Aarhus, Dinamarca.

En este sentido, la organización señalaba que se la había denegado, junto al resto de ONG de medio ambiente, la participación en la elaboración de normas que afectaban al medio ambiente: el Proyecto de Ley General de Navegación Marítima y el anteproyecto de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de puertos de interés general.

Asimismo, WWF argumentaba que este derecho también se encuentra en la legislación española, en concreto en la Ley 27/2006 de acceso a la información, a la participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Sin embargo, el MARM denegó la participación a WWF por no ser promotor de las normas, remitiendo a la organización a los ministerios de Fomento y Justicia. No obstante, el primero volvió a denegar a la ONG que participara y el segundo ni siquiera contestó.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, ha declarado: “Estamos de enhorabuena. Que la Comisión Europea interprete el Convenio de Aarhus en el sentido propuesto por WWF es muy positivo. Esto supondrá el reconocimiento efectivo de las ONG de medio ambiente del derecho a participar en normas, como la ley de desarrollo sostenible, que afectan al medio ambiente, pero no son promovidas por el ministerio de medio ambiente.