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Miles de personas que vivían en asentamientos ilegales en el principal bosque de Kenia han sido obligadas a abandonar sus hogares. El gobierno de este país africano ha iniciado un plan de desalojo creado para poner fin a la degradación que sufre el Valle del Rift. La primera fase afectará a 1.700 familias (unas 8.000 personas) y se estima que la operación obligará a trasladarse a un total de 30.000 familias.

En los últimos 20 años la actividad humana ha causado la pérdida de un cuarto de las 400.000 hectáreas del bosque. Esta degradación ha puesto en peligro el turismo, la producción energética nacional y la industria del té de Kenia. Además, amenaza el hábitat de los millones de personas que dependen del ecosistema de Mau.

El actual gobierno ha hecho de este bosque su principal preocupación ecológica. Una comisión presidida por el primer ministro, Raila Odinga, recomendó que todos los habitantes del bosque fueran expulsados y que las zonas deterioradas sean reforestadas. "No podemos perder más tiempo", afirmó el experto de Naciones Unidas Christian Lambrechts en declaraciones a The Guardian. "Los servicios ecológicos tienen que ser restaurados".

Durante los últimos años los ríos de la zona han registrado un gran descenso del caudal durante la estación seca. En el Lago Nakuru, el Parque Nacional más visitado del país, se tuvo que recurrir a trasvases de agua para abastecer a los animales. Del mismo modo, La destrucción ha causado un significativo descenso del nivel de los acuíferos, aumentando la erosión del suelo.

Corrupción gubernamental
Importantes cargos del gobierno del ex-presidente Daniel arap Moi se apropiaron de importantes extensiones de tierras fértiles en todo Kenia. El propio Moi es propietario de una importante plantación de té. Además, el ejecutivo de Moi dejó grandes permitió a muchos de sus seguidores establecerse en áreas protegidas, Muchas de las cuales fueron divididas en parcelas y vendidas.

Líderes de la etnia Kalenjin han protestado por el plan puesto en marcha por el gobierno keniata, lo han tachado de ataque a la comunidad y reclaman una solución para los desplazados. Los únicos que podrán permanecer en la zona son miembros de la etnia Ogiek, ya que sus familias han vivido allí durante generaciones.