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La pasada semana la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) afirmaba que el debate ambiental sobre los impactos del proyecto de ampliación del dique de es Botafoc estaba cerrado “hace años”. Por este motivo, las ONG Ecologistas en Acción, GEN-GOB y Greenpeace subrayan que tanto la justicia como la UNESCO tienen todavía mucho que decir sobre un proyecto de ampliación que ha elegido la opción que más impactos causa sobre el medio ambiente sin que exista una justificación para ello.

Los grupos ecologistas aseguran además, que la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto se ha hecho a medida y con una elección basada únicamente en factores relacionados con la rentabilidad económica.

“No sólo la evaluación de impacto ambiental era parcial y carente de rigor, sino que el proyecto constructivo final ignora por completo las medidas compensatorias que se proponían y las contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente”, ha declarado Neus Prats, portavoz del GEN-GOB.

La semana pasada, buzos de Ecologistas en Acción, en la última campaña del velero Diosa Maat, constataban que el alga invasora Caulerpa racemosa de origen tropical se ha extendido por el entorno del puerto corroborando de forma directa las deficiencias en los datos aportados por la APB.

“La APB intenta desprestigiar a los grupos ecologistas, criticando incluso que al analizar el impacto del puerto contrastemos la información del proyecto actual con informaciones independientes”, ha declarado Jorge Sáez, coordinador de Medio Marino de Ecologistas en Acción. “Es impresentable que Francesc Triay, presidente de la APB, eluda mantener un debate público con un movimiento social que lo único que pretende es levantar información para que la ciudadanía de las pitiüsas tenga datos para valorar el proyecto”, ha añadido Sáez.

Por su parte, Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace ha afirmado que “la APB censura las fuentes de información utilizadas por Greenpeace para denunciar el impacto del puerto en el informe Destrucción a Toda Costa, llegando a criticar que no hayamos consensuado nuestra información con ellos”. “Es lícito que contrastemos la información ya que es la APB, como promotora de la obra, la que solicita mediante contrato a una empresa especializada la evaluación de los impactos ambientales de la obra, actuando como juez y parte”. La organización ecologista ha remitido un escrito a la APB y a la UNESCO que responde a las supuestas imprecisiones de su informe Destrucción a Toda Costa que denuncia la APB.

Las tres organizaciones ecologistas continuarán su lucha para defender el medio marino con las herramientas legales y sociales que dispone la normativa ambiental y de participación pública.