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Las organizaciones presentaron un escrito ante la Audiencia Nacional el pasado 25 de septiembre para exigir la ejecución de la sentencia sobre Fertiberia, que declaraba extinguido el derecho a realizar vertidos a la marisma del Río Tinto, en Huelva. Con este nuevo escrito, las ONG responden a la petición del Ministerio de Medio Ambiente realizada el pasado mes de julio ante la Audiencia Nacional.

Las organizaciones ecologistas exigen la inmediata realización de la sentencia y su contenido. Para ello, reclaman el cese de los vertidos de fosfoyeso en el dominio público marítimo–terrestre, la limpieza de los terrenos contaminados, la devolución de los terrenos dados en concesión una vez restaurados y el depósito en garantía del cumplimiento de las anteriores obligaciones.

El escrito que el Abogado del Estado presentó ante la Audiencia Nacional contenía un Plan para el cierre ordenado de la fábrica. Sin embargo, dicho plan era simplemente una breve presentación elaborada por la propia Fertiberia, que además había sido usado anteriormente por la compañía con motivo de su presentación al Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Las organizaciones resaltan que en el Plan de Fertiberia no se habla de cuantías ni fechas del cese del vertido y que en el apartado “limpieza” no se explica cómo se va a descontaminar la zona, limpiar los depósitos o retirar los vertidos contaminantes. Además, la restauración propuesta es una mera revegetación aun cuando, según el Informe del Consejo de Seguridad Nuclear, un recubrimiento de tierra no es efectivo, porque los metales pesados escapan al confinamiento y se filtran al agua, por lo que la opción planteada no es válida. Por último, el Plan no establece superficies ni fechas de devolución de los terrenos de dominio público marítimo–terrestre dados en concesión.

WWF y Greenpeace denuncian que, a pesar de que la resolución se dictó en 2003, esta todavía no se ha ejecutado. Además, según un informe del Consejo de Seguridad Nuclear, la actividad de Fertiberia en la concesión genera cada año tres millones de toneladas de fosfoyesos, el total acumulado durante los cuarenta años de producción asciende a 70 millones de toneladas y se extiende por 1.200 hectáreas. Por último, la concesión administrativa sobre dominio público marítimo–terrestre sólo abarca 720,00 hectáreas.

Ambas ONG también destacan, que desde el día en que se declaró la caducidad de la concesión, la Dirección General de Costas dejó de cobrar el canon a Fertiberia sin exigir a cambio garantía alguna. En este sentido, las organizaciones recuerdan que, según la Ley de Costas, se debió declarar la inmediata pérdida de la fianza y la constitución de un depósito que garantizase la limpieza de la marisma de dominio público y su devolución.

“Es escandaloso que el Ministerio de Medio Ambiente ejecute la resolución de caducidad en aquello en lo que perjudica al interés público -cese del cobro del canon- y no en lo que lo beneficia -cese de los vertidos, recuperación de la marisma, devolución del dominio público, o constitución de un deposito en garantía-”, ha declarado Carlos Bravo, Portavoz de Greenpeace.

“La ejecución propuesta del Ministerio de Medio Ambiente implica una prórroga y una modificación de la concesión, inadmisible cuando la resolución data del año 2003, y el Tribunal Supremo, en sentencia firme, ya ha denegado su modificación”, ha declarado Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España.