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La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, se ha marcado como reto acelerar la Ley de Economía Sostenible (LES) para tener un primer borrador en agosto. Consciente de que la construcción continuará jugando un papel relevante en el desarrollo de España, Salgado recalca que el sector del ladrillo deberá cambiar para «dirigir sus recursos de manera más eficiente, no hacia las burbujas sino hacia las viviendas sostenibles».

Salvo el título de la ley, poco se sabe aún de la nueva norma. La ministra, sin embargo, ha aclarado algunos extremos de la que será una 'hoja de ruta' para el Ejecutivo en los próximos años. Con la creación de empleo como primer objetivo, la construcción y, en especial, la rehabilitación de viviendas tendrán un peso específico en la LES.
«La construcción es un sector muy intensivo en empleo», recuerda Salgado al tiempo que apunta que el parque de viviendas es muy antiguo -hay 12 millones de pisos de más de 30 años y cerca de seis millones con más de medio siglo-. Modernizar y hacer más eficientes energéticamente esas casas, afirma, «es también sector de la construcción».
La nueva ley, que tratará de impregnar de sostenibilidad sectores tradicionales, contendrá un apartado dedicado al turismo, una de las primeras industrias nacionales, que el Gobierno quiere impulsar para liberarla de viejos paradigmas y dotarla de mayor valor añadido.
Pero, para desarrollarse, la LES necesita dinero. En concreto, 20.000 millones de euros. Salgado pidió el pasado 8 de julio a la banca -el mismo día en que se aprobaba en el Congreso el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- que le echara una mano y financiara al menos el 50% de ese importe.
Un mensaje que la ministra, aclara, «no es una petición de dinero, sino un llamamiento para que el sector otorgue créditos a proyectos de economía sostenible». Y, al parecer, ha tenido éxito. «Los banqueros con los que he hablado lo ven muy razonable y conveniente, pues su función no es otra que, precisamente, dar crédito».
Otro de los pilares del desarrollo de la ley y del resto de planes de Elena Salgado será el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El brazo financiero del Estado, que, según la ministra, «tiene hoy mucha importancia y va a tener más protagonismo». Lo que hay que hacer, reconoce, es «reforzarlo» para que pueda atender toda esa carga de trabajo que «entre todos le hemos otorgado».
Fusiones de cajas
Antes de que termine el mes, el Ejecutivo acometerá una reforma del ICO para «intentar facilitar su tarea haciendo más sólidas y menos dispersas sus líneas de actuación y, por otra parte, ampliando sus medios», apunta Salgado.
Junto a la LES, otro de los asuntos que marcará el verano será el de las fusiones de cajas de ahorro. Una vez aprobado el FROB, que ya ha traído los primeros movimientos de concentración, es el Banco de España el encargado de controlar el asunto, aunque el gabinete de Economía observa muy de cerca los movimientos.
Para la ministra, es «muy esperable que las autonomías comiencen intentado fusiones en sus territorios». De momento, así ha sido en Cataluña, Andalucía o Castilla y León. Y vendrán más.
A la pregunta de si sólo fructificarán proyectos intraregionales y si esa práctica agravará los problemas de morosidad, exceso de oficinas o falta de solvencia que, precisamente, se tratan de evitar, Salgado señala que el Gobierno no está para fomentar operaciones. «No es nuestro papel, ni siquiera el del Banco de España», afirma. «Son las propias cajas las que tienen que ver qué les conviene más». Y subraya que «hemos dejado claro que sería conveniente que no se recurra al FROB, está ahí por si hace falta, pero es mejor que las fusiones se lleven a cabo sin ayudas públicas».