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Como es sabido, el permiso de funcionamiento de la central finaliza el próximo 5 de julio y, antes de esa fecha, el Gobierno debe tomar una decisión. El Ministro de Industria, Miguel Sebastián, está siendo uno de los integrantes del Gobierno que más está apostando por la continuidad de la central, como lo señala su petición de un informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que estudie las necesidades para una prórroga a 2, 4 y 6 años.

Según Greenpeace y Ecologistas en Acción “la central está obsoleta, amortizada y aquejada de serios problemas que afectan a la seguridad del reactor. Por ello el Gobierno no debe esperar más y cerrarla inmediatamente”.

Los problemas de seguridad se centran principalmente en la corrosión de la vasija y del circuito primario, lo que hace que, para ser solventados, prácticamente haya que reconstruir la central, lo que es un sinsentido. No solventar estos problemas implica aumentar peligrosamente la probabilidad de un accidente nuclear grave.

Para las organizaciones ecologistas, la única razón para mantener abierto este centro de producción de residuos nucleares es su gran rentabilidad para las eléctricas dueñas (Iberdrola y Endesa). Esta rentabilidad pasa por encima la decisión popular de los parlamentos vascos, riojano y aragonés, y del programa con el que el PSOE fue elegido, que explicitaba el cierre progresivo de las centrales nucleares. También pasa por encima del claro sentimiento anti-nuclear de la población española, que se ha demostrado en repetidas encuestas de opinión y movilizaciones.

Además, la producción eléctrica de Garoña es una nimiedad: la tercera parte de la electricidad que exportó el sistema eléctrico español en 2008. Por ello opinan que su cierre no se notaría en el sistema eléctrico en cuanto a la cobertura y tampoco en cuanto al precio de la electricidad. Esto último es debido a que las nucleares cobran la electricidad al precio de la oferta más cara en cada tramo de demanda, normalmente una central de ciclo combinado, lo cual en muchas ocasiones eleva el precio de la electricidad que cobran las nucleares por encima incluso de la prima que recibe la eólica.

Ecologistas en Acción y Greenpeace señalan que el desmantelamiento de la central creará el doble de puestos de trabajo directos de los que tiene en la actualidad la central durante los próximos 10-15 años. Además exigen que el desmantelamiento venga acompañado de un plan de reconversión industrial de la zona pagado con los fondos de Enresa.

Por último concluyen que sólo un mundo sin centrales nucleares podrá ser sostenible, para ello es imprescindible valentía política y apostar claramente por la reducción del consumo energético.