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Ayer se reunió el Consejo Nacional del Clima con varios puntos relevantes. En opinión de CC.OO. cabe destacar:
Junto al inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 2007 el gobierno presenta una proyección de contaminantes atmosféricos de horizonte 2020 contemplando el escenario tendencial y el impacto de las medidas contempladas.

En opinión de CC.OO. las medidas propuestas son fundamentalmente orientativas con lo cual es difícil que tengan el resultado que se les supone, tampoco se evalúa el impacto en reducción de emisiones de cada medida. Las medidas dirigidas a un cambio en las formas de producción y de las pautas de movilidad y consumo deberían ser más ambiciosas tanto para garantizar los compromisos internacionales como para asegurar una salida de la crisis más rápida y con mayor solidez de nuestra economía.

Una de las medidas más relevantes presentadas hoy por el Ministerio es la Estrategia de Movilidad Sostenible que plantea una ruptura respecto al modelo de transporte seguido hasta la fecha. El borrador, que pretende configurarse como el marco de referencia para el desarrollo de la política de movilidad sostenible de España para los próximos años, no profundiza en los instrumentos necesarios legales, financiación, o de revisión o moratoria parcial de planes vigentes, como el Plan de Infraestructuras y Transporte (PEIT), que sigue apostando por la construcción de autovías y AVE a cada capital de provincia y olvida el ferrocarril de proximidad, los trenes de cercanías y los regionales en plataforma de ancho convencional.

Comisiones Obreras, que ha presentado alegaciones al borrador, valora los elementos novedosos del texto –por ejemplo, se habla de movilidad y no exclusivamente de infraestructuras- pero los cambios respecto al modelo de movilidad existente son muy insuficientes.

En opinión de CCOO, las propuestas que contiene la Estrategia no se adecuan a sus objetivos y diagnóstico. En este sentido, es imprescindible incluir el valor de las externalidades socio-ambientales del sistema de transporte en nuestro país –que algunas consultoras sitúan en el 9,6% del PIB-. El texto debería incluir un cuadro con el coste económico, social y ambiental de la movilidad en 2009, año inicial, y al menos el de los años siguientes para poder evaluar el cumplimento de la Estrategia.

En el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) debería aparecer un capítulo dedicado a los criterios de gestión de la demanda. Uno de los principales problemas del sistema de transporte actual es que las actuales redes no se usan de una forma eficiente lo que provoca, entre otros efectos, la congestión en la entrada a las grandes ciudades. Entre otras medidas, CCOO propone introducir criterios de gestión que supongan el reequilibrio modal entre la carretera y el ferrocarril, la promoción del transporte público, el coche compartido y el uso de la bici.
Pero una Estrategia es fundamentalmente un marco de referencia, por lo que hacen falta además instrumentos normativos. CCOO reclama una ley de movilidad sostenible como la que se presentó en julio de 2007 con el apoyo de CCOO y de otras organizaciones sociales y ambientales. Esta norma contempla, entre otras actuaciones, la obligatoriedad de elaborar planes de movilidad sostenible a los polígonos industriales y en las empresas.

CC.OO. planteará la necesidad de una apuesta decidida por la modernización ecoeficiente de edificios y viviendas.
CCOO considera insuficientes las ayudas derivadas del Plan Renove para la Rehabilitación de viviendas, que también se presentará esta tarde en el Consejo Nacional del Clima. El plan del Ministerio de Vivienda contempla 100.000 actuaciones al año, con un presupuesto de 110 millones de euros, para un parque edificatorio existente de 25 millones de viviendas y otros 140.000 edificios industriales o de servicios. CCOO presentó una propuesta de plan de rehabilitación en 2008 que incluía actuaciones en 1.260.000 viviendas y en 140.000 edificios en cuatro años con una inversión del Estado de 5.600 millones para esos cuatro años. Esta propuesta podría generar 350.000 empleos y conseguir ahorros energéticos para usuarios y empresas.

Las medidas para lograr ahorros energéticos sustanciales en el sector de la edificiación y los servicios no pueden basarse solamente en apoyos económicos, sino que hay que introducir elementos normativos que condicionen las prácticas despilfarradoras especialmente de las empresas y administraciones públicas. Por eso es tan importante una ley de ahorro y eficiencia energética que establezca instrumentos de planificación en cascada (en todas las administraciones), de gestión de la demanda mediante el desarrollo de auditorías energéticas, los certificados de eficiencia energética de edificios, la regulación y restricción de la iluminación ornamental y publicitaria y la creación de instrumentos y organismos de control, gestión y participación. El Gobierno tiene un índice de esa ley desde el mes de octubre pero hasta ahora no se ha conocido ningún borrador de la misma. CCOO presentó también en 2008 junto a otras organizaciones una propuesta articulada de ley pero hasta el momento no se ha tomado en consideración.