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La Guardia Civil anunció hoy la desarticulación de una red de caza furtiva que operaba en la Sierra de Gredos. En la operación, denominada Almanzor, se ha detenido a 48 personas, presuntamente dedicadas a organizar cacerías furtivas por encargo a un precio inferior al estipulado en los cauces legales, para clientes en busca de animales vetados o de características concretas.

En el transcurso de la operación se han recuperado más de 350 trofeos de animales, entre ellos 3 leones; 28 armas de caza de distintos tipos y calibres, 8 silenciadores, 3 pistolas, 2 revólveres, 3 arcos, 6 armas blancas, 130 precintos manipulados, 17 emisoras, prismáticos, miras telescópicas, focos, linternas, ordenadores, así como 72.100 euros y 21.500 dólares en metálico.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, César Martín Montero, ha explicado que las investigaciones, desarrolladas desde noviembre del año pasado, se iniciaron cuando la Guardia Civil descubrió la existencia de un grupo de personas que actuaba en diversos puntos de las sierras de Ávila.

Cuando los agentes obtuvieron "numerosos datos tanto de los integrantes del grupo como de las personas que pagaban por cazar ilegalmente animales protegidos, se sospechó de la existencia de un grupo organizado", por lo que se estableció un despliegue de más de medio centenar de efectivos de Avila, Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y Madrid, lo que concluyó con la detención de todos los componentes de la red, explicó Martín.

En concreto, la organización "se encargaba de preparar cacerías furtivas a clientes que deseaban cazar un animal prohibido o de unas características determinadas, pagando un precio inferior al que le costaría utilizando los cauces legales", para lo que "contactaban con un intermediario muy conocedor del mundo de la caza, mediante anuncios, más o menos encubiertos, insertados en revistas especializadas", apuntó.

En la mayoría de los casos la cacería del animal se producía de noche y los clientes utilizaban armas dotadas de silenciador y sin numeración para que, en caso de tener que abandonarlas, no se les pudiera vincular con ellas.

Días después de abatir al animal se trasladaban a una taxidermia donde se procedía a su preparación y homologación, utilizando para ello precintos de otros años, ya utilizados o modificados. Al final, el cliente pagaba por su pieza entre 2.500 y 5.000 euros.