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La decisión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) de actuar por consenso significa que este año no habrá ninguna nueva resolución para proteger a los cetáceos y que Japón seguirá matando ballenas en las aguas antárticas durante los próximos veranos australes, según los países más críticos de la llamada "caza científica".

El tema de la cacería científica de Japón, que anualmente captura unas 1.400 ballenas, es uno de los más sensibles al interior de la reunión anual de la CBI, cuyos 80 países miembros concluyen sus sesiones el viernes. Los otros cazadores son Noruega e Islandia.

Uruguay, México, Panamá, Argentina, España, entre muchos otros, expresaron su rechazo a la caza científica de Japón. Santa Lucía la aprobó porque de ella "se obtiene una tremenda cantidad de información científica".

Los países conservacionistas también critican la crueldad de los métodos de matanza de ballenas, que a veces agonizan hasta una hora, pero Japón afirma que su método de cazarlas con arpones explosivos "es el más efectivo que hay".

El delegado de Perú a la CBI, Héctor Soldi, declaró a la AP que la decisión de la víspera de adoptar el consenso como método de trabajo y evitar votaciones que no lograban el 75% de los sufragios para ser aprobadas, "es un buen enfoque para tratar de llegar a una forma de trabajo que sea más constructiva".

"Es un triunfo sentarnos a la mesa y negociar todos los temas, sin ninguna restricción. Japón nunca quiso negociar ese tema (la caza científica) y ahora está obligado a sentarse a negociarlo", agregó Soldi.

"El hecho importante es que Japón aceptó poner en una lista de temas que va a negociar la CBI la caza científica. Como resulte esa negociación, es impredecible", explicó a la AP el comisionado chileno Cristián Maquieira.

Por años la CBI estuvo inmovilizada entre los países conservacionistas y cazadores, que no pueden modificar los reglamentos porque requieren 3/4 de los votos.

La CBI también creó un grupo de trabajo de 24 países para tratar los temas más importantes, como la moratoria comercial, la caza científica, el cambio climático, su conservación y uso no letal, y la creación de Santuarios Balleneros.

El ministro del Ambiente y comisionado a la CBI de Costa Rica, Roberto Dobles, señaló a la AP que el consenso puede originar "cambios importantes en la CBI que puedan darnos hacia el futuro un mayor enfoque hacia la conservación de las ballenas".

Este año por primera vez la plenaria de la comisión aceptó escuchar a organismos ONG a favor y en contra de la caza ballenera.

Bárbara Galletti, Centro de Conservación Cetácea, organismo chileno, habló en nombre de 13 organizaciones latinoamericas, y explicó que el desarrollo del turismo de avistaje en la región implica beneficios para las comunidades costeras, "por lo que el uso no letal y la conservación de los cetáceos representan las legítimas demandas de los ciudadanos latinoamericanos".

Un representante de una ONG centroamericana, que no se identificó, defendió la caza de ballenas para enfrentar la crisis alimentaria del planeta.

El comisionado argentino Eduardo Iglesias dijo a la AP que trabajar "sobre el consenso demuestra madurez". "Es un gran esfuerzo para todas las partes para tratar de sentarse, sin necesidad de hostigarse sobre el tema del uso letal o no letal (de las ballenas) y ver si hay una salida".

La CBI fue creada en 1946, cuando las ballenas estaban al borde de la extinción por la caza indiscriminada, y en 1986 impuso una moratoria comercial, que fue eludida por Japón al utilizar un artículo de la Convención que permite a los países autoasignarse una cuota de cacería para estudiarlas.