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La Comisión de las Comunidades Europeas ha interpuesto un recurso contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con la adjudicación irregular en 1999 de la concesión a la empresa ABERTIS (en aquel entonces Iberpistas) de la construcción, conservación y explotación de las conexiones de la autopista AP-6 (Villalba-Adanero) con Segovia y Ávila así como la prórroga ilegal de la concesión de la AP-6, según ha publicado el Diario Oficial de la Unión Europea del pasado 8 de diciembre. La fecha de la interposición del recurso contra España es de 13 de septiembre de 2007.

Esta decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) es fruto de una denuncia formulada por Comisiones Obreras de Ávila y la asociación ecologista Centaurea en el año 2000, y ya fue anunciada por la propia CCE el 15 de julio de 2005 mediante un comunicado de prensa.

“A pesar del tiempo transcurrido desde la interposición de nuestra denuncia, y de los daños ambientales y socioeconómicos ocasionados entre tanto por ABERTIS/Iberpistas, valoramos muy positivamente la decisión de la Comisión Europea, que nos da plenamente la razón”, ha declarado Carlos Tomás Rodríguez, Secretario de Medio Ambiente de la Unión Sindical de CC.OO. de Ávila.

“Llevando ahora a juicio a España, la Comisión Europea se ha reafirmado en el chanchullo que supone la concesión a ABERTIS realizada por el entonces Gobierno Aznar. Para evitar posibles sanciones y los perjuicios a la ciudadanía, el Gobierno socialista debe ahora aceptar la posición de la Comisión allanándose a su demanda, para lo que es imperativo revocar la concesión otorgada fraudulentamente a ABERTIS. Es decir, volver al punto cero de la adjudicación y aprovechar para reconvertir estas autopistas en autovías, donde la gratuidad está garantizada “, ha añadido Carlos Bravo, portavoz de Centaurea.

La primera consecuencia de esa denuncia de Centaurea y CC.OO. Ávila fue que la Dirección General de Mercado Interior de la CCE envió al Gobierno español, el 18 de julio de 2002, un Dictamen Motivado sobre este asunto tras constatar la violación del Derecho Comunitario en la adjudicación a ABERTIS/Iberpistas El Gobierno Aznar no respetó dicho Dictamen Motivado. Por ello, la CCE finalmente ha llevado a España ante el Tribunal europeo de Justicia.

En concreto, la CEE solicita que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 3, y los apartados 3, 6, 7, 11 y 12 del artículo 11 de la Directiva 93/37/CEE [Directiva del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54)], así como los principios del Tratado CE, en particular, el principio de igualdad de trato y de no discriminación. Así mismo solicita que se condene en costas al Reino de España.

En virtud del Real Decreto 1724/1999, de 5 de noviembre, el Ministerio de Fomento adjudicó una concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos de autopista de peaje: autopista de peaje A-6, conexión con Segovia, y autopista de peaje A-6, conexión con Ávila, y para la conservación y explotación a partir de 2018 de la autopista de peaje A-6, en su tramo Villalba-Adanero. Con motivo de la adjudicación de dicha concesión se adjudicaron muchas otras obras que no habían sido anunciadas (se refiere principalmente a la construcción de un nuevo carril entre las localidades de San Rafael y Guadarrama -que incluye un nuevo tercer túnel bajo la Sierra-, un gran área de peaje en San Rafael, un cuarto carril entre Las Rozas y Villalba, y un tercer carril entre Villalba y Guadarrama), por un valor superior al valor total de las obras publicadas y que se encuentran parcialmente fuera de la zona objeto de concesión.

Por una parte, la Comisión alega que el Reino de España ha infringido el artículo 3 de la Directiva 93/37, y consecuentemente los apartados 3, 6, 7, 11 y 12 del artículo 11 de la misma Directiva al adjudicar obras sin publicidad previa. La Comisión señala que todas las obras adjudicadas deberían haber sido publicadas en el Diario Oficial con arreglo a lo dispuesto por la Directiva 93/37.

Por otra parte, la Comisión considera que no existía ninguna indicación ni en el anuncio ni en el pliego de cláusulas administrativas particulares publicados que permitiera a los licitadores proponer obras en tramos fuera de las conexiones de la autopista de peaje A-6 con Ávila y Segovia como las que fueron adjudicadas posteriormente. Por ello, la Comisión considera que las autoridades españolas han infringido el principio de igualdad de trato al aceptar una proposición que se apartaba abiertamente de las prescripciones fundamentales establecidas en el anuncio y el pliego de cláusulas administrativas particulares publicados.

Tanto Comisiones Obreras como Centaurea consideran que el PP, en especial los exministros de Fomento del PP, Rafael Arias Salgado y Francisco Álvarez Cascos, así como Ángel Acebes y Jesús Merino, principales adalides de estas autopistas, deben dar ineludiblemente explicaciones a los ciudadanos sobre el fraude cometido en esta adjudicación que realizó el Gobierno Aznar.

Así mismo, el PSOE, que en la pasada legislatura mantuvo que la concesión a Iberpistas era ilegal, llegando a interponer recursos ante los tribunales al respecto, debe, ahora que está en el Gobierno central, ser coherente con aquella posición, acatando inmediatamente la demanda de la Comisión Europea.