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Desmantelar la maltrecha central de Fukushima, epicentro de la peor crisis nuclear desde la de Chernóbil, llevará hasta 40 años, según los planes de la eléctrica TEPCO y el Gobierno nipón difundidos por la cadena NHK.

Según la agenda, diseñada en función de un informe de la Comisión de Energía Atómica de Japón, el combustible nuclear usado que está en las piscinas de los reactores 1 al 4 comenzará a retirarse en dos años, uno antes de lo inicialmente estimado, y se almacenará temporalmente en las propias instalaciones de la central.

El combustible fundido en el interior de los reactores 1, 2 y 3 se retirará en un plazo cercano a los 25 años, y entonces comenzarán los trabajos para desmantelar las unidades, que se espera concluya en otros 15 años.

En esta nueva agenda están incluidos los tiempos que llevará reparar las grietas en los reactores y en las vasijas de contención, detalló NHK, que destacó la dificultad de la labor y la posibilidad de que los operarios deban trabajar en condiciones de elevada radiactividad.

El turno de los robots

Para algunas tareas se prevé el uso de robots por control remoto, tal y como ya se hizo en los últimos meses para evaluar las condiciones en el interior de algunas instalaciones dañadas. NHK difundió esta agenda un día antes de que el viernes el Gobierno declare previsiblemente que se han alcanzado las condiciones de "parada fría" en los reactores 1 a 3 de Fukushima. Ello significa que las temperaturas de esas unidades están estabilizadas por debajo de los 100 grados centígrados y las filtraciones radiactivas han remitido de forma sustancial.

La condición de "parada fría" es el objetivo principal de la segunda fase de la hoja de ruta para resolver la crisis de Fukushima, después de que en julio se cumpliera la primera fase, que consistía en dar una refrigeración estable a los reactores. Tras la declaración de "parada fría", el Gobierno y TEPCO tienen previsto emprender las labores de descontaminación en las zonas vecinas a la central, donde antes de la crisis residían unas 80.000 personas.

El Ejecutivo mantiene un radio de exclusión de 20 kilómetros en torno a la planta a causa de la crisis, que ha causado daños millonarios en la agricultura, ganadería y pesca de la zona.