fuente : Ecologistas en Acción |
21 Noviembre 2007 |
3 Comentarios
Temas: Urbanismo, Denuncias, Artículos
La propuesta del Presidente de la Junta de Andalucía de “flexibilizar” el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es sencillamente escandalosa. Con un desprecio absoluto al Parlamento que aprobó este Plan tras un amplio debate previo, en el que participamos todos los agentes sociales, ahora Chaves propone incumplir de forma clamorosa la norma del Plan que más esperanzas había creado para frenar la vorágine especulativa que se ha desatado en los municipios andaluces, con su gravísima secuela de corrupción y de destrucción ambiental. El limitar los crecimientos de los municipios a un 40% de suelo urbanizable y un 30% de población -aumento enorme para ocho años, no se olvide- ha generado un debate sobre los límites del crecimiento y de los impactos causados por el urbanismo salvaje, y ha provocado la reforma de algunos planes de ordenación urbana (PGOUs) que pretendían crecimientos desproporcionados e injustificados.
Ya en le proceso de debate parlamentario el PSOE cedió a la presión de los alcaldes y de los empresarios incluyendo una norma que permitía la modificación de estos límites en los planes subregionales. Pero la voracidad de los especuladores urbanísticos no tiene límite y, junto a alcaldes que actúan cada vez más como representantes de constructores y promotores que como defensores del interés general, han presionado al Presidente de la Junta que cede de nuevo con una propuesta que puede ser la puntilla definitiva al único intento normativo de poner cierto freno al desmadre urbanístico desatado en Andalucía. A muchos empresarios y políticos no les gustan los planes que ordenan el territorio, olvidan que estamos en un estado de derecho, que la Constitución adscribe una función social a la propiedad, y que la ordenación del territorio debe realizarse en base a los intereses generales de la sociedad: Pretenden que se sigan permitiendo recalificaciones a la carta, para que los promotores -vía convenios urbanísticos- sean los que planifiquen los municipios a golpe de talonario.
Los nuevos subterfugios que se preparan son instrumentos para potenciar la especulación y la corrupción urbanística. El no compatibilizar los suelo industriales en los crecimientos urbanísticos llevará a sobredimensionarlos –la mayoría de los grandes polígonos industriales están sin colmatar-, para con posterioridad, y en base a modificaciones de los PGOUs, recalificar los suelos industriales a residenciales, lo que no necesitaría ni siquiera Estudio de Impacto Ambiental, pues sería sólo cambiar el uso y no la clasificación.
El eliminar la limitación de crecimientos a Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes es abrir la espita al desenfreno urbanístico de los pequeños municipios. Especialmente graves serán las consecuencias en los pequeños municipios de las áreas metropolitanas que pretenderán aumentar de forma desproporcionada sus suelos urbanizables, y en los municipios de los parques naturales, la mayoría de menos de 10.000 habitantes, en los que ya se habían desatado preocupantes procesos especulativos con altísimos impactos ambientales. El permitir duplicar, quintuplicar o multiplicar por diez –hay ya ejemplos de todo esto- el suelo urbanizable a municipios de los Parques Naturales de Sierra Nevada, Sierra Norte de Sevilla, Aracena y Picos de Aroche, Sierra de Grazalema, Los Alcornocales, Sierra de Cazorla o Cabo de Gata, tendrá consecuencias demoledoras de las que será su principal responsable el Sr. Chaves.
El construir viviendas dignas y asequibles para todos los ciudadanos es un mandato constitucional. El que Ayuntamientos y empresarios pongan como condición para construir viviendas de VPO el desmontar el POTA y permitir de nuevo el desenfreno especulativo, es indignante. Que Chaves ceda ante estas perversas pretensiones, es sencillamente inadmisible.
Ecologistas en Acción se opondrá a todas las maniobras -orquestadas desde los despachos donde se mueve el dinero más negro de nuestra sociedad-, para desmontar el POTA. La Junta de Andalucía ha tenido una ocasión de oro para demostrar que apuesta por un urbanismo donde primen los intereses generales de los ciudadanos y no los de un pequeño grupo de especuladores urbanísticos que están destruyendo nuestro territorio. Al parecer la piensa desperdiciar. Todos lo pagaremos.
