Su producción es barata; apenas tres euros son suficientes para provocar dolor y sembrar muerte. Desactivarla, y evitar que siga destruyendo vidas, cuesta 750 euros. Un precio demasiado alto que la comunidad internacional no está dispuesta a pagar para que la población que vivió la guerra de cerca pueda olvidar las bombas de racimo.
Un juzgado ha condenado a Uralita a indemnizar con cuatro millones de euros a medio centenar de vecinos de dos pueblos de Barcelona por los daños generados por la fábrica que la empresa tenía en las cercanías.
Unas 20.000 personas muertas. Sobre el medio millón de víctimas lisiadas, discapacitadas o afectadas en algún modo. La indemnización es de unas 12.414 rupias de media por víctima, teniendo en cuenta su valor de 1989. 470 millones de dólares en total. Y ello dividido entre 574.367 víctimas. Casi un cuarto de siglo de espera. Para ver a 7 de los anteriores directivos de la filial india de Union Carbide Corporation (UCC) sentenciados a dos años de cárcel y multados con 2.100 dólares. Ni una sola persona de la matriz norteamericana que era la verdadera responsable ha sido castigada.
Los niños cubiertos por Medicaid son mucho más propensos a que les prescriban fármacos antipsicóticos que los niños cubiertos por un seguro privado, y los niños cubiertos por Medicaid tienen una probabilidad mayor de que les prescriban estos medicamentos, aun sin presentar síntomas psicóticos. Esto es lo que publicó el 19 mayo del 2010 el Journal of American Medical Association (JAMA) en el artículo: "Studies Shed Light on Risks and Trends in Pediatric Antipsychotic Prescribing” (Unos estudios arrojan luz sobre los riesgos y las tendencias a prescribir antipsicóticos pediátricos).
Un mes y arreo después de la explosión de la plataforma extractora costera Deep Horizon de BP –y dos meses después de que el propio presidente Obama abriera anchas fajas de la plataforma continental a la extracción costera—, el gobierno federal ha abierto una investigación criminal sobre la fuga masiva de petróleo en el Gofo de México, según declaró el pasado martes Fiscal General, Eric Holder.
Según un estudio de la Universidad de las Naciones Unidas, en India hay una media de un teléfono portátil por cada dos personas pero solo una de cada tres puede hacer sus necesidades con dignidad en un servicio: hay más móviles que retretes.
El proyecto de cementerio nuclear que hay sobre la mesa es la construcción de un almacén para albergar los residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas durante 60 años. Una instalación cuyas consecuencias, sobre el medio ambiente y la población, pueden ser devastadoras y en modo alguno obviadas a pesar del intento de compra de conciencias por parte de las administraciones y el lobby nuclear.
La última vez que unas negociaciones globales se desmoronaron como estas fue en Doha, en el año 2001. Después del fracaso de estas conversaciones sobre el comercio, la Organización Mundial del Comercio (OMC) tranquilizó a los delegados diciéndoles que no había nada que temer: se irían a México, donde se lograría un acuerdo. Las negociaciones se celebraron en la arena del centro turístico mexicano de Cancún, para nunca reaparecer. Tras ocho años de vacilaciones, no se ha llegado a ningún acuerdo.
Eso que llaman con tanta elegancia “cambio climático” es en realidad una de las violaciones más flagrantes de derechos humanos que se hayan cometido en la historia. Es un crimen de lesa humanidad. Ya hay gente que muere o se queda sin techo, o sufre hambre y malnutrición, a causa de las modificaciones del clima. Países enteros, y principalmente los pequeños estados insulares, están siendo testigos de subidas del nivel del mar que quizás los hagan desaparecer bajo el agua dentro de pocos años.
En la mayoría de los debates políticos no existe una postura correcta y otra incorrecta, no importa cuán apasionadamente se discutan. Versan sobre preferencias humanas: por una mayor cobertura sanitaria, impuestos más bajos, una guerra para la consecución de un fin concreto o una paz que deja algún peligro intacto. En ocasiones hay temas que no admiten discusión: el derecho de las minorías o de las mujeres a una participación plena en la vida pública, pongamos por caso, pero incluso los más apasionados de nosotros reconocen que, en cualquier caso, nosotros nos encontramos en un bando del debate y que hay argumentos legítimos en el otro (un déficit sin fondo, abortos con perchas, el resurgir de al-Qaeda).