
La Audiencia de Valladolid ha cerrado la vía penal del caso "García
Quintana", un exponente del actual desamparo ciudadano ante los grandes poderes económicos, que consiguen ignorar derechos constitucionales, como el de la salud, y una manifestación de la sumisión a esos poderes de algunas autoridades políticas, judiciales o sanitarias, tanto estatales como autonómicas, supuestamente garantes de los derechos mencionados.