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Ante la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria (RANSA), la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” solicita a los gobiernos que asuman con honestidad la incoherencia e ineficacia de las políticas de las últimas décadas y que se comprometan a atajar realmente las crisis alimentaria, ecológica y energética originadas por el actual modelo de desarrollo.

Según la FAO, en 2007 vivían en el mundo 923 millones de personas hambrientas, cifra que aumentó en 2008 hasta alcanzar los 963 millones por ser éste el año en el que se produjo el mayor incremento de los precios de los alimentos. Esta crisis alimentaria no puede desvincularse de las crisis económica, climática y energética que
asolan el planeta, ya que las cuatro comparten el mismo origen: el actual modelo de desarrollo, fundamentado en el crecimiento económico salvaje, la liberalización de la economía y de los mercados y una agricultura que no tiene como prioridad la realización del derecho a la alimentación de las personas sino el comercio.

Ya nadie se atreve a decir que el hambre es consecuencia de la falta de alimentos. El hambre del siglo XXI hunde sus raíces en la discriminación y marginación en la que viven millones de personas y en la supremacía de los intereses comerciales y económicos frente a los derechos humanos

Pese a la obligación de los estados de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación, poniendo para ello todos los recursos disponibles, a lo largo de las últimas décadas, por ejemplo, la agricultura ha perdido relevancia en los presupuestos públicos, pasando de suponer una media del 18% de los presupuestos en la década de los 80 al 3-4% actualmente.

Por otra parte, los países que actualmente demandan los biocombustibles se abstraen de las consecuencias que su demanda tiene en la competencia por los recursos productivos -especialmente tierra y agua- en los países en desarrollo. La producción de biocombustibles, tal y como se plantea en la actualidad, no se traduce en una autonomía energética de los países que proporcionan la materia prima. En cuanto al comercio, es necesario un ejercicio de honestidad: a la situación actual de desajuste de precios y de crisis alimentaria se ha llegado en parte por las políticas comerciales, de protección de mercados y de subsidios de los países del Norte, que han sufrido los países del Sur, a los que sin embargo no se deja beneficiarse de medidas compensatorias.

La lucha contra el hambre ha sido uno de los principales reclamos para la solidaridad desde mediados del siglo XX y la comunidad internacional ha reiterado su compromiso para la erradicación de esta lacra en diferentes conferencias y cumbres. Pero iniciativas como el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 o las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación aprobadas en 2004 no han sido implementadas en su totalidad por
la falta de voluntad política.

Finalmente, en nombre de la lucha contra el hambre existen múltiples programas de índole social, de lucha contra la exclusión, la pobreza, el hambre, etc., cada uno con una estructura independiente, funcionarios en los diferentes niveles de intervención, presupuestos, recursos técnicos… Las estructuras de coordinación de instituciones, personas y programas de intervención son tan complejas y con tantos participantes que se pone en riesgo su
eficacia mientras se incrementa la burocracia.

Ante la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria (RANSA) promovida por el presidente del Gobierno epañol, José Luis Rodríguez Zapatero, la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” exige a los gobiernos:

• orientar la lucha contra el hambre desde el enfoque de la realización del derecho humano a la alimentación;


• identificar quiénes son los hambrientos y por qué lo son, así como eliminar las condiciones que generan la vulnerabilidad;


• colocar en un lugar central en los programas de desarrollo económico, una agricultura cuya finalidad sea garantizar la seguridad alimentaria;


• unificar los diferentes programas de lucha contra el hambre bajo un liderazgo público y único;


• incrementar la inversión en agricultura;


• reformar el sistema de producción de alimentos y asegurar una producción estratégica dirigida a cubrir las necesidades alimenticias de la población, de modo que no esté sometida a las fluctuaciones de los mercados;


• plantear un cambio de paradigma en cuanto al uso de fuentes de energía que evolucione hacia la cobertura de la demanda a través de fuentes de energía renovables;


• reformar la ayuda alimentaria innovando los instrumentos y estrategias así como incorporar nuevas fórmulas en el tratamiento de la desnutrición aguda;


• establecer nuevos mecanismos de regulación de los mercados;


• proteger a los pequeños productores y fomentar el mercado de los productos locales;


• supervisar y garantizar las políticas, inversiones, acuerdos, tratados, etcétera, tanto gubernamentales como los de las entidades privadas con base en países o regiones con un alto índice de personas hambrientas para que no agraven el problema y sean proactivos en la realización del derecho humano a la alimentación y la reducción del número de personas que pasan hambre.

La Reunión de Alto Nivel “Seguridad Alimentaria para todos” convocada en Madrid es una oportunidad excelente para demostrar que esta vez va en serio, que la erradicación del hambre es una prioridad para los gobiernos y que los compromisos se van cumplir. Desde 2003, la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”, de las ONGD Prosalus, Cáritas e Ingeniería Sin Fronteras reivindica en España la realización efectiva del derecho humano a la alimentación para todos los habitantes del planeta.