La estrategia de lucha contra los incendios forestales de las comunidades autónomas sigue fallando y la tendencia con la que ocurren estos siniestros no decrece, según el informe Evolución de los incendios forestales en España, y de la situación de los trabajadores de prevención y extinción 2008, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO y que ha sido presentado hoy en rueda de prensa

La prevención debería ser un eje fundamental en las políticas de las administraciones autonómicas, quienes, por el contrario, no dudan en incrementar las inversiones en costosos operativos de extinción. CCOO considera que se seguirán produciendo incendios forestales, con una virulencia e intensidad que dependerán de las condiciones climatológicas, ya que no se está operando sobre las causas estructurales de estos siniestros.

Desde 2005 se han incrementado los efectivos para la lucha contra los incendios forestales en más de un 30%. En la actualidad hay más de 51.000 trabajadores en temporada de máximo riesgo luchando contra el fuego. Pero la media de superficie a cubrir por los trabajadores, de unas 637 hectáreas, sigue siendo alta, y lo es más si se analizan los casos de algunas comunidades autónomas como Extremadura, Aragón, Castilla – La Mancha y Castilla y León, donde se superan las 1.000 hectáreas por trabajador.

Los presupuestos para la lucha contra los incendios forestales se han incrementado de forma global en un 46,42% en los últimos cuatro años. En 2008 serán unos 754 millones de euros, lo que implica una media de 32,64 euros invertidos por hectárea forestal. El informe señala que, en función de los siniestros de los últimos años y de la superficie quemada, las ratios de inversión de Galicia, Castilla y León, Canarias, Asturias y Castilla – La Mancha son claramente insuficientes, pese a que su esfuerzo inversor según su PIB sea mayor que el de otras comunidades autónomas, y que Madrid, País Vasco, Cataluña y Baleares podrían invertir más en la lucha contra los incendios forestales, pues aunque su ratio de inversión es alta, su esfuerzo inversor es muy bajo en relación con su riqueza.

Prevención de riesgos laborales, una asignatura pendiente

La situación de los colectivos que trabajan en la prevención y extinción de incendios ha mejorado en algunas comunidades, pero en general la prevención de riesgos laborales sigue siendo deficitaria, en un país donde la media de víctimas mortales por estos siniestros es de ocho o nueve personas al año y la temporalidad y la falta de formación siguen afectando a gran parte de los trabajadores. La investigación de las causas de estos siniestros sigue adoleciendo de graves carencias.

El informe de ISTAS-CCOO apunta a la situación del medio rural como principal causa del problema. El despoblamiento rural, el decrecimiento continuado del sector agrario y el lento desarrollo del sector forestal, unidos al modelo de propiedad forestal son las principales causas del incremento de la biomasa en nuestros montes, que conforman una masa continua de combustible para el fuego. Además, la falta de gestión de los montes españoles es evidente, pues sólo un 14% de la superficie forestal del país está ordenada. La inversión media en nuestros montes –que constituyen más del 50% del territorio- es muy baja, de unos 45 euros por hectárea forestal.

La situación de los trabajadores y trabajadoras de empresas públicas parece mejorar sensiblemente, principalmente a causa de la acción sindical y la negociación colectiva, en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León o Aragón, donde se han conseguido una mayor estabilidad laboral y una mejor formación, pero en otras comunidades, como Galicia, el modelo de funcionamiento de la empresa pública SEAGA implica una disgregación del operativo de incendios, un incremento de la precariedad laboral y la pérdida de derechos laborales de los trabajadores contratado por esta empresa .

El conocimiento de las causas de los incendios forestales ha aumentado en los últimos años y la situación de las fiscalías ha experimentado avances importantes que permiten realizar un mayor número de instrucciones y de forma más eficaz. Sin embargo, se confirma aún una evidente falta de personal y de medios para la investigación, y más coordinación entre los distintos cuerpos que realizan estas tareas. El informe denuncia las trabas que algunas administraciones autonómicas imponen al cuerpo de Agentes Forestales y Medioambientales –cuyo carácter de policía judicial es establecido por la Ley de Montes- , o la inexistencia de Brigadas de Investigación de Incendios Forestales en algunas comunidades, frente a la asignación a las empresas privadas para que investiguen la causalidad de estos siniestros en Castilla y León, Castilla – La Mancha, Extremadura y Cantabria.

Qué propone CCOO

Para CCOO, la solución al problema de los incendios forestales en nuestro país debe basarse en políticas preventivas que actúen sobre las causas estructurales de estos siniestros. Éstas pasan por el reconocimiento social de los sectores agrícola y forestal, la ordenación de los montes y su explotación sostenible. Es necesario que las comunidades autónomas aprueben, doten vía presupuestos y ejecuten, planes de gestión foresta.

En materia de inversiones, las comunidades autónomas deben establecer la ratio más idónea en función de su superficie forestal y la incidencia de los incendios, identificar las zonas de alto riesgo y actuar sobre ellas de forma preventiva para disminuir la combustibilidad, el riesgo y la vulnerabilidad de las mismas. Para ello es imprescindible ampliar a todo el año los trabajos de prevención con presupuestos y personal incrementados, la contratación del mismo de forma estable, y su formación adecuada. Esta medida también contribuiría a fijar población estable y de calidad en el medio rural.

Los operativos de extinción de incendios deben, a su vez, incrementarse, y debe mejorarse su formación. Para mejorar la investigación de la causalidad de los incendios forestales deben incrementarse las plantillas de investigación y asegurarse la coordinación de los cuerpos que participan en las pesquisas. Debe promoverse la plena integración de los agentes forestales en estas labores y asegurarse que éste y otros cuerpos tienen línea directa con fiscalías y jueces. Las empresas privadas deben salir del escenario de la investigación de las causas de los incendios forestales.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, en 2007 se contabilizaron un total de 10.915 incendios forestales, casi la mitad de la media del decenio 1997-2006 (20.844), y un 33,20% menos que en 2006. El año 2007 ha sido en el que menos superficie forestal se ha quemado del último decenio, con un total de 82.048,01 hectáreas, lo que supone unas 51.000 ha (un 38,33%) menos que la media en ese periodo -de 133.013,60 ha-. Por comunidades autónomas, en 2007 destacaron por número de incendios Galicia, con 3.186, Castilla y León, con 1.464, y Asturias con 1.050.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2008 se han registrado 6.132 incendios forestales, algo menos que la media del decenio 1998-2007 (6.493), pero el doble que en 2007. En estos incendios se han quemado 23.097 ha, más del doble que la superficie que ardió el año pasado (8.569 ha en el mismo periodo), aunque menos que la media del decenio (más de 27.00 ha). Si este verano se produjeran olas de calor acompañas de fuertes vientos, la campaña de verano podría ser particularmente peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de biomasa acumulada tras las lluvias de esta primavera.

Los incendios forestales se cobran cada año un altísimo precio en nuestro país. Según el Ministerio de Medio Ambiente, en el periodo 1996-2005 murieron en España 87 personas a causa de los incendios forestales, de las que 77 formaban parte de los operativos de extinción. Por otro lado, según cálculos de este ministerio, desde 1996 hasta 2006 el acumulado de pérdidas económicas ocasionadas por estos siniestros ascendió, al menos, a 3.180 millones de euros.