Desde primera hora de la mañana, activistas de Greenpeace protestan frente al Ayuntamiento de Madrid por el incumplimiento del Gobierno de Alberto Ruíz Gallardón de sus compromisos de no utilizar madera ilegal en el mobiliario urbano. Los activistas han entregado a la Administración municipal varios bancos procedentes de las calles y parques de la ciudad madrileña y han desplegado una pancarta con el lema “Banco ilegal, crimen forestal”. Al mismo tiempo, la organización ecologista está señalando los bancos próximos al Consistorio con la advertencia “No te sientes en madera ilegal”. Con esta acción, la organización ecologista denuncia que el Ayuntamiento no está poniendo medidas suficientes para garantizar una política real de compra verde.

Greenpeace ha investigado a las principales empresas suministradoras de mobiliario urbano al Ayuntamiento de Madrid y ha encontrado madera de compañías especializadas en tala ilegal, así como madera procedente de regiones donde la actividad forestal está fuertemente vinculada a la tala ilegal, la violencia, la ocupación de territorios indígenas e, incluso, los conflictos bélicos.

“En la candidatura olímpica Madrid 2012 Gallardón prometió que sólo se utilizaría madera certificada en las obras de Madrid. Antes ya había prometido lo mismo en un acuerdo de la Junta de Gobierno y, posteriormente, en un manual de buenas prácticas. La última promesa ha venido en forma de decreto. Pero mientras Gallardón sigue prometiendo, los impuestos de los madrileños podrían estar financiando la tala ilegal y la deforestación” -ha señalado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Greenpeace ha documentado en su informe Sentados sobre la destrucción. Tala ilegal y contratación pública. El caso del mobiliario urbano en la ciudad de Madridcómo madera ilegal podría acabar formando parte del mobiliario urbano de Madrid. En este documento se expone como, desde 2003 hasta hoy, el Gobierno municipal ha manifestado en cuatro ocasiones sus intenciones de adoptar una política de contratación que evite que en sus obras y suministros se use madera procedente de talas ilegales o la destrucción forestal. Pero la realidad es que las dos principales empresas suministradoras de mobiliario urbano no pueden garantizar que la madera proceda de una gestión forestal responsable. Greenpeace ha visitado en numerosas ocasiones a las empresas Conalsa (Leganés) y Moycosa (Colmenar Viejo) - principales proveedoras de mobiliario urbano al Ayuntamiento de Madrid y otros grandes municipios del área metropolitana- y ha podido observar y fotografiar madera procedente de empresas vinculadas a la tala ilegal a gran escala en Camerún. También se ha constado que Costa de Marfil, país dividido por un conflicto armado donde hay problemas de tala ilegal, es uno de los orígenes de la madera que utilizan ambas empresas.

En las próximas semanas, la Comisión Europea debe tomar una decisión importante en materia de lucha contra la deforestación y la tala ilegal. Dentro del Plan de Acción FLEGT de lucha contra la tala ilegal, la Comisión deberá presentar una propuesta legislativa que prohíba la presencia en el mercado europeo de madera y productos derivados procedente de las talas ilegales.

“Es urgente que la Unión Europea legisle para que todos los productos de origen forestal presentes en el mercado europeo provengan de fuentes legales y de un buena gestión forestal. Mientras esto no ocurra, el Gobierno municipal madrileño debe realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar que sólo utiliza madera y productos de madera procedentes de fuentes certificadas”, ha añadido Soto.

La deforestación y la degradación forestal provoca una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, una cantidad mayor que las producidas por el sector mundial de transporte. Aunque los bosques tropicales cubren sólo el 7% de la superficie terrestre, almacenan enormes cantidades de carbono, y este hecho les convierte en un colchón contra el cambio climático.