Mañana se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Uno de los indicadores relacionados con este parámetro es la intensidad energética, esto es, la cantidad de energía que se necesita para producir una unidad de PIB. Según el informe de emisiones de gases de efecto invernadero en España que está preparando Comisiones Obreras y cuyas conclusiones se publicarán próximamente, nuestro país ha mejorado ligeramente la intensidad energética.

Aunque la mejora de este parámetro -imprescindible para conocer la sostenibilidad del modelo de crecimiento en términos energéticos- es una buena noticia, los niveles de mejora son aún muy insuficientes para poder cumplir con los compromisos derivados del Protocolo de Kioto. Entre otros, el paquete de medidas sobre energía y cambio climático que ha propuesto recientemente la Comisión Europea y que establece un objetivo de reducción de las emisiones de un 20% en 2020 respecto a 1990 y que las energías renovables supongan el 20% de la energía consumida en 2020. La UE propuso con anterioridad que ese año la eficiencia energética mejorase un 20%, un objetivo que ahora no es de obligado cumplimiento y que, en opinión de CCOO, debería incorporarse como obligatorio en el paquete de medidas que se aprueben en 2009.

CCOO pide al Gobierno que salga de las urnas el próximo nueve de marzo que presente una ley de ahorro y eficiencia energética. Dicha norma, cuya aprobación debería contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, ha de crear un marco legal que fomente una cultura energética sostenible basada en el ahorro y en el uso de tecnologías más eficientes a través de medidas orientadas, principalmente, a la gestión de la demanda. Comisiones Obreras, en colaboración con otras organizaciones - WWF/Adena, Ecologistas en Acción, Greenpeace- y los grupos parlamentarios Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) y Los Verdes ya presentaron en el Congreso de los Diputados a principios de este año una proposición de ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía. La propuesta incluía un conjunto de medidas contundentes para frenar el continuo crecimiento del consumo de energía en nuestro país y el fomento de una cultura energética basada en el ahorro y en el uso de tecnologías más eficientes.

A pesar de la leve mejora de la intensidad energética en los dos últimos años en España, este parámetro sigue estando por encima del resto de países europeos, lo que quiere decir que en España se necesita más energía que en el resto de países de la UE para producir la misma cantidad de producto. Este hecho, unido a la fuerte dependencia de suministro exterior de energía (un 80%, frente a algo más 50% de media de la UE) y a la fuerte escalada de los precios del petróleo, está perjudicando seriamente la competitividad de la economía española y la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la producción y al uso de energía.

La ley de ahorro y eficiencia energética, cuya aprobación debería tener carácter de urgencia, tendría que recoger actuaciones y medidas de gestión de la demanda en los sectores consumidores finales, como la disponibilidad de auditorías energéticas al alcance de todos los usuarios finales -especialmente para las pymes y los sectores residencial-terciario-, o la introducción y el cumplimiento de criterios de eficiencia energética en la planificación territorial y en la construcción y mantenimiento de los edificios. Además, los precios y las tarifas eléctricas deberían establecerse de manera que reflejasen los costes sociales y ambientales originados por las energías sucias.

La norma ha de contemplar también la eliminación progresiva del mercado de las tecnologías obsoletas e ineficientes y el cumplimiento de unos estándares mínimos de eficiencia energética en los nuevos productos consumidores de energía que se comercialicen en territorio nacional. Además, la ley debería prohibir los sistemas de calefacción al aire libre, que suponen un gran despilfarro energético, y regular la iluminación exterior y la contaminación lumínica, limitando notablemente la iluminación navideña y la de edificios, vallas y anuncios publicitarios.

Todas las administraciones públicas (estatales, autonómicas y locales) deberían contar con un plan de ahorro y eficiencia energética en sus propias instalaciones, que incluyese el nombramiento de un gestor energético para su seguimiento y que incorporase criterios de ahorro y eficiencia energética y de preservación del medio ambiente en los pliegos de condiciones de los contratos públicos por obras, suministro o servicios. Para la realización efectiva de los objetivos, es imprescindible que se cree una Agencia para el Ahorro y las Energías Renovables como ente administrativo e institucional y un Consejo Consultivo de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía como órgano de participación social, económica y ciudadana.

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