Greenpeace se solidariza con los denunciados por el caso Merinos (Málaga) y solicita al presidente de la Junta de Andalucía la paralización inmediata de las obras
Desde hace más de un año se llevan desarrollando las obras de urbanización del proyecto MERINOS. Una finca de 1.000 has. En una dehesa mediterránea de alto valor ecológico situada en el término municipal de Ronda (Málaga), que está a 12 km. de su casco urbano y que pertenece a la Reserva de la Biosfera, sobre la que se está construyendo dos campos de golf, 3 hoteles de cinco estrellas y 800 viviendas de lujo.
Greenpeace se suma al trabajo de La Plataforma Cueveña por la Defensa del Agua, colectivo social que agrupa a los vecinos de Cuevas del Becerro, el movimiento ecologista y sindicatos agrarios, entre otros, vienen denunciando desde hace más de dos años la ilegalidad patente de esta actuación por incumplimiento de 4 directivas (la de aves, la de agua, la de habitats y la de impacto ambiental) sin que hasta el momento se haya conseguido hacer reaccionar de forma ejecutiva ni al Ayuntamiento de Ronda, ni a la propia Junta de Andalucía, administración ésta competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
Ni las 500 alegaciones presentadas, ni los tres contenciosos interpuestos (uno sobre el PGOU de Ronda de 1993 que escandalosamente fue publicado en 2006, otro sobre el Plan Parcial de 1995 que justificaba dicha actuación y otro sobre el actual proyecto de urbanización), ni la tala de más de 2000 encinas, ni la invasión de un camino público, ni varias manifestaciones multitudinarias, ni una huelga general en Cuevas del Becerro en defensa de su acuífero, ni la denuncia ante la Delegación de Gobernación de una campaña de acoso y derribo contra autoridades públicas y vecinos por oponerse al proyecto por parte de la empresa promotora, ni que el vicesecretario del Parlamento Europeo en la Comisión de Peticiones, Michael Cashman, haya incluido el ‘caso Merinos’ en un demoledor informe sobre la situación de la construcción en España en el que se alerta de la indefensión ciudadana ante el urbanismo salvaje y la destrucción ambiental que conlleva el ‘boom’ inmobiliario, ni la denegación del permiso para el agua por parte de la Cuenca Mediterránea, ni una orden de paralización de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía han hecho posible la paralización de las obras que fueron aprobadas por el Ayuntamiento de Ronda.










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