“La parálisis de la inversión [en el sector fotovoltaico] afecta ya a las empresas, que no pueden planificar su actividad más allá de seis meses”. Así afirman en un comunicado conjunto la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).

El comunicado se refiere concretamente al borrador de nuevo decreto fotovoltaico, que no aporta ninguna provisión económica para las nuevas instalaciones a partir del próximo 31 de septiembre. Las dos asociaciones “vuelven a instar al Gobierno a reabrir cuanto antes la Mesa de Trabajo conjunta para diseñar la regulación que la energía solar fotovoltaica necesita urgentemente”.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) se había comprometido a convocar la Mesa tras la valoración que había hecho la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre la propuesta de Real Decreto (la CNE había valorado negativamente la propuesta del Ministerio en diciembre). No obstante, mes y medio después, el sector sigue esperando, “cada vez más afectado por la incertidumbre y la inestabilidad regulatoria”.

En el informe 31/2007, la CNE, al igual que el sector fotovoltaico, rechaza la propuesta del MITyC y le propone elaborar otra. Además, las dos asociaciones recuerdan que la CNE había exigido que esta otra propuesta se realice “en tiempo útil”, con el objeto de que las empresas puedan planificar correctamente su actividad. “Este ‘tiempo útil’ cada vez es más corto: la inversión se paralizó en cuanto se conoció la propuesta y esta parálisis ya está afectando gravemente a las empresas y al futuro del sector”.

Aunque la fecha límite de aplicación del actual sistema de retribución –mediante el RD 661/07– es el próximo 30 de septiembre, “las instalaciones en construcción tienen como límite los primeros días del mes de julio, previendo retrasos en su tramitación administrativa”, señalan las dos asociaciones. “En consecuencia, el horizonte de actividad del mercado fotovoltaico nacional apenas llega a seis meses”. Además, habrá que tener en cuenta la presión que ejerce la campaña electoral sobre la agenda pública.

Mientras tanto, dentro de las obligaciones impuestas recientemente por la UE sobre sus estados miembros, España debe llegar a cubrir un 20% de su consumo energético con renovables en 2020, “lo que requiere clarificar cuanto antes el futuro del sector fotovoltaico y eliminar la incertidumbre y el vacío legal que amenazan con paralizarlo”, según el comunicado. Asimismo, “la Mesa de Trabajo debe reabrirse inmediatamente”.

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