Ecologistas en Acción considera que este es un Plan necesario pero incompleto e insuficiente, debido a unos objetivos modestos y a unos plazos de implantación excesivamente amplios (2010-2015), fijados únicamente para que las empresas puedan adaptarse a él sin apenas esfuerzos significativos. Ecologistas en Acción considera que se trata de un Plan con objetivos excesivamente modestos, al aplicarse solamente a la contratación de productos, servicios y obras que el Plan considera prioritarios, en lugar de a todos los contratos administrativos, como hubiera sido necesario y posible, sobre todo, teniendo en cuenta la entrada en vigor, en el mayo pasado, de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que permite la introducción de criterios medioambientales y sociales en la contratación de las Administraciones Públicas.

La organización ecologista entiende que para conseguir una eficacia apreciable del Plan, es necesario complementar la utilización de etiquetas ecológicas o los certificados ambientales que prevé el propio Plan de contratación, con una fiscalidad ecológica que al mismo tiempo sea socialmente justa, de tal modo que se abaraten los productos beneficiosos para el medio ambiente y se encarezcan los perjudiciales.

Ecologistas en Acción sostiene que ha existido una planificación y coordinación interministerial deficiente, donde sólo parecen haber intervenido los Ministerios de Medio Ambiente, Economía y Administraciones Públicas. El Plan carece de cualquier tipo de contabilidad ambiental y no se va a aplicar a los productos ecológicos que se podrían consumir en los comedores y cafeterías de las dependencias ministeriales, cuestión que resulta totalmente incongruente, justo ahora que el Ministerio de Agricultura está desarrollando la campaña “Agricultura ecológica. Vívela”, que tendrá una duración de dos años, para dar a conocer la agricultura ecológica y aumentar de este modo la demanda de los ciudadanos.

Tampoco se van a aplicar criterios medioambientales y sociales en los contratos de suministro de uniformes de los diversos funcionarios de la AGE, a pesar del volumen de gasto que ello supone.

Igualmente, resultaría muy recomendable, a juicio de los ecologistas, la coordinación entre Administraciones para llevar a cabo con eficacia la formación de los funcionarios con responsabilidad en materia de contratación, con el objetivo de que se puedan desarrollar adecuada y rápidamente los criterios medioambientales y sociales que prevé la nueva Ley de Contratos, máxime si se tiene en cuenta que esos criterios tienen su origen en una Directiva comunitaria del año 2004, que de este modo queda transpuesta a nuestro ordenamiento con un retraso totalmente inaceptable.

Por último, Ecologistas en Acción solicita a las demás Administraciones Públicas que elaboren su propio Plan de Contratación Pública Responsable, que tenga en cuenta además de los habituales principios de publicidad, transparencia y no discriminación de contratistas, otros principios informadores como los de igualdad, gestión de la demanda, coherencia ecológica, precaución, ecoeficiencia o responsabilidad del productor.

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