Los agrocombustibles no deben ser promovidos como solución al cambio climático, afirmó hoy Amigos de la Tierra Internacional a sólo unos pocos días del inicio de las negociaciones de Naciones Unidas sobre el clima, en Bali Indonesia.
SEO/BirdLife ha solicitado al Consejero de Industria del Gobierno de Aragón una reunión para explicarle su preocupación por el proyecto “Las Vegas II” que se construiría en las proximidades de unos de los espacios naturales más importantes de Aragón: Los Monegros.
El Consejo Mundial de la Energía (World Energy Council) asegura en su XXI Examen de los Recursos Energéticos, publicado hace solo unas semanas, que sólo el 15% del consumo mundial de energía provendrá de los combustibles fósiles y la nuclear en el año 2100.
Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un plástico autodegradable y germicida, capaz de eliminar cualquier organismo dañino para la salud humana y que se degrada completamente tras cumplir con su vida útil, informa CSIC en un comunicado.
Islandia acaba de poner a disposición de todo el público su primera gasolinera de hidrógeno, que fue la primera del mundo en su clase cuando empezó a servir combustible a autobuses hace cuatro años.
Amigos de la Tierra y la Asociación Vida Sana harán entrega a la Comunidad de Madrid de las más de 3.000 firmas recogidas durante la Feria Biocultura para solicitar que Madrid se declare región libre de transgénicos. Con esta declaración se uniría al País Vasco, Baleares, Asturias y a un gran número de municipios españoles como Albacete o Palencia que ya han dado este paso para proteger el medio ambiente y la salud de sus ciudadanos. … seguir leyendo
Tras las elecciones de 2004 el nuevo gobierno socialista rectificó parcialmente la fracasada política hidrológica basada en la construcción de grandes embalses y el trasvase de aguas. El Gobierno de España derogó los trasvases, cambió la ley del Plan Hidrológico Nacional y se comprometió a dialogar sobre el tema con los afectados. Desgraciadamente, poco o nada de este nuevo talante se ha dejado sentir en Navarra, donde la Administración del Estado, representada por la CHE, y el Ejecutivo de UPN siguen empeñados en culminar el binomio Itoiz-Canal de Navarra, paradigma de desarrollo insostenible y gestión ineficaz de recursos públicos.
Ni siquiera la amenaza de riesgos catastróficos ha hecho entrar en razón a los responsables políticos de la obra. Desde que comenzó el llenado del embalse, en enero de 2004, se han producido más de 1.300 movimientos sísmicos en la zona, y ya resulta innegable que estamos ante un caso de sismicidad inducida. Durante los últimos meses también han salido a la luz los graves problemas geológicos en las obras de recrecimiento de Yesa, y la incertidumbre ha llevado a ciudadanos de la Comarca de Sangüesa a asociarse para oponerse a la obra, como anteriormente hicieran los vecinos amenazados por Itoiz.
El verano de 2007 ha concluido con otra mala noticia: la detención y encarcelamiento de Julio Villanueva, uno de los ochos miembros del colectivo Solidari@s con Itoiz que en abril de 1996 cortó los cables que transportaban el hormigón para la construcción de la presa. Villanueva, que se encontraba en situación de búsqueda y captura tras ser condenado a 4 años y 10 meses de prisión, no es el primer activista encarcelado por esta causa. Iñaki García Koch e Ibai Ederra ya cumplieron condena por el corte de cables, pese a tratarse de una acción directa, pública y no violenta, enraizada en la cultura de la desobediencia civil.
La persecución judicial, policial o de ciertas administraciones públicas contra activistas medioambientales no es algo excepcional. Al contrario, ha sido una constante desde que el ecologismo existe como movimiento social y contrasta con la impunidad con la que a menudo actúan los infractores ambientales. En el caso de Itoiz la persecución judicial y los intentos de criminalización del movimiento opositor al pantano han sido especialmente graves. Cabe recordar que ya en el año 1996 un portavoz de la Coordinadora de Itoiz y otro miembro de Solidari@s con Itoiz fueron condenados a pena de prisión tras ser falsamente acusados de “atentado a la autoridad”.
Los grupos abajo firmantes consideramos injusta y totalmente desproporcionada la pena impuesta a los Solidari@s con Itoiz por el corte de cables. No es casualidad que el único activista preso por una causa medioambiental en el Estado español proceda de esta tierra. El hecho de desarmar y encerrar a un guardia jurado durante unos minutos fue considerado “secuestro” y castigado con pena de prisión. Este caso muestra claramente que en Navarra se han criminalizado acciones que en otros lugares serían consideradas meras faltas.
Hemos de recordar que los Solidari@s con Itoiz actuaron en estado de necesidad, en un contexto social de fuerte oposición al pantano. Los opositores al pantano, con la Coordinadora de Itoiz a la cabeza, intentaron su paralización utilizando todos los medios legales a su alcance. De hecho, en 1995 la Audiencia Nacional declaró ilegal el proyecto del pantano, que dos años más tarde fue anulado por el Tribunal Supremo. Sin embargo, cuando la Coordinadora de Itoiz solicitó la ejecución de sentencia para paralizar las obras, la Justicia le reclamó un aval desorbitado (24.000 millones de pesetas, cifra rebajada posteriormente a 13.000 millones). Obviamente, la oposición no pudo presentar el aval y las obras continuaron.
El sabotaje contra el pantano de Itoiz tuvo lugar en ese contexto de desamparo e impotencia. Han transcurrido ya más de 11 años desde aquellos hechos. Carece de sentido que los solidarios cumplan condena privativa de libertad, puesto que no precisan de ningún tipo de rehabilitación ni reinserción social. De hecho, los miembros de Solidari@s con Itoiz actuaron movidos por intereses colectivos tales como la defensa y protección del medio ambiente. Dado que su permanencia en libertad no crea alarma social alguna, su “ejemplar” condena no tendría otra finalidad que la de disuadir y acallar a la disidencia.
Los abajo firmantes consideramos que la alarma social, aquí y ahora, la están creando quienes siguen haciendo oídos sordos a las advertencias de riesgos catastróficos irreparables. Dada la demostrada inestabilidad de la ladera izquierda sobre la que se asienta la presa de Itoiz, los continuos movimientos sísmicos podrían producir un importante desprendimiento, con el consiguiente desbordamiento de la presa. Teniendo en cuenta que esto supondría una grave amenaza para la vida de las miles de personas que viven aguas abajo, cabría esperar que los responsables políticos actuasen según los principios de prudencia y precaución. Seguir con la pruebas de llenado como si nada sucediese constituye en nuestra opinión una temeridad especialmente angustiosa para los vecinos de la zona.
Aunque los sucesivos Gobiernos han subsanado los escollos legales modificando normas y legalizando el proyecto de Itoiz a posteriori, consideramos que siguen vigentes todos los argumentos medioambientales, sociales y económicos que hace años nos llevaron a posicionarnos en contra del pantano de Itoiz. Este embalse es un vestigio de una anacrónica política hidrológica. basada en una insostenible ampliación de la oferta en detrimento de la racionalización y control de la demanda. Hablamos de la utilización de recursos públicos para negocios privados, a precio de ganga y a costa de un gran impacto ambiental.
Abogamos por una nueva política hidrológica, que supere la concepción del agua como mero bien comercial o recurso económico. Una política que afronte los problemas reales de los ríos, del agua y de sus usos –contaminación, sobreexplotación e ilegalidad, entre otros– de forma integrada e integradora. Tal y como recuerda la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea, los ríos son mucho más que canales de H2O: son un patrimonio que hay que proteger y defender, ya que forman parte de ecosistemas esenciales para la vida.
Por todo ello, los abajo firmantes demandamos:
1. Libertad sin condiciones para Julio Villanueva y el cese de toda persecución contra Solidari@s con Itoiz.
2. El vaciado controlado del pantano de Itoiz.
3. La paralización del recrecimiento de Yesa y otros grandes embalses en construcción.
4. Una nueva política hidrológica basada en una gestión integral e integradora.
Amigos de la Tierra
Asamblea de vecin@s amenazad@s por Itoiz
Coordinadora de Itoiz
Coagret
Ecologistas en Acción
Greenpeace
Gurelur
Iniciativa Ciudadana Yesa no Vida sí
Lurra
Nueva Cultura del Agua de Navarra
Solidari@s con Itoiz
El desarrollo de una política ambiental A pesar de las múltiples reformas económicas implantadas en nuestra región en los últimos años, América Latina aún tiene que encontrar el camino hacia formas de progreso que podamos sostener y que satisfagan las necesidades de su gente, sus empresas y sus gobiernos a través del tiempo. La competitividad y la eficiencia son elementos clave en una economía mundial en integración. El crecimiento económico no es sostenible sin progreso social y protección ambiental. Es necesario mejorar la educación en todos los niveles, promover la actividad de la pequeña empresa, así como nuevos y más eficientes esquemas de atención a la salud y seguridad social.
Grupos ciudadanos de 26 países reclaman “Basura Cero para Calentamiento Global Cero” como una solución urgente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de tecnologías sucias de tratamiento y disposición de residuos.
El impulso europeo a combustibles supuestamente inocuos, como el aceite de palma, tiene un alto costo ambiental y social para Asia, advirtió este martes el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La agencia advirtió a los países de la región que no deben seguir los pasos de Indonesia y Malasia, principales productores de aceite de palma. Lo hizo en su Informe de Desarrollo Humano 2007-2008, dedicado esta vez al cambio climático.
“Los cultivos crecientes de palma en Asia-Pacífico se han vinculado con la vasta deforestación y la violación de los derechos humanos de pueblos indígenas”, revela el informe.
“Desde 1999, la demanda de la Unión Europea (UE) de aceite de palma (más que nada de Indonesia y Malasia) se elevó a más del doble y llegó a 4,5 millones de toneladas, o casi un quinto de las importaciones mundiales”, señala el documento de 384 páginas.
“Las oportunidades para abastecer a un mercado europeo creciente se reflejaron en el aumento de la inversión en la producción en Asia-Pacífico”, prosigue.
“Hay que elaborar muchas salvaguardas si se quiere que la producción de aceite de palma sea sustentable”, señaló Martin Krause, asesor del PNUD en materia de cambio climático, al presentar del informe en esta ciudad. “El debate a este respecto recién empieza.”
La misma alerta fue planteada por una coalición de organizaciones ambientales y de desarrollo británicas en “Up in Smoke”, informe divulgado la semana pasada.
El rápido crecimiento de las plantaciones de palma causó una enorme deforestación en Indonesia que llevó a la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono contenido en los bosques, señala el documento.
Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso son responsables del recalentamiento planetario, según la mayoría de los científicos.
“La deforestación coloca a Indonesia en el tercer lugar entre los mayores emisores de dióxido de carbono, detrás de Estados Unidos y China”, detalla. “La tala de árboles motivada por los monocultivos a gran escala, destinados a la producción de energía, desacreditan la ‘credencial verde’ de los biocombustibles.”
Esas advertencias acerca del aceite de palma seguramente avivarán las discusiones en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que sesionará en la ciudad indonesia de Bali del 3 al 14 de diciembre.
Los representantes de 180 países se proponen delinear acciones globales para contener la catástrofe ambiental causada por el cambio climático.
El cultivo de palma llegó a 12 millones de hectáreas en el mundo en 2005, según el PNUD, “casi el doble que en 1997″. Indonesia y Malasia dominan la producción, “que en este último registra el mayor aumento en términos de bosques que desaparecen por esa planta.”
El archipiélago de Asia sudoriental tiene casi seis millones de hectáreas de palma y Yakarta prevé elevar esa cantidad, según el informe de la coalición británica.
“El gobierno indonesio firmó 58 acuerdos en 2007 por unos 12.400 millones de dólares para producir unos 200.000 barriles de biocombustible al día, equivalente al de petróleo, para 2010″, añade.
Los ambientalistas consideran que los bosques de Indonesia, y de otros países asiáticos, corren peligro de convertirse en plantaciones de palma. También es importante la turbera, que forma parte de los bosques naturales.
La destrucción de los bosques libera el carbono almacenado en la turbera, que se suma a los gases invernadero y a la pérdida de contenedores de carbono.
“Las turberas son depósitos de carbono. Suelen almacenar más de 30 por ciento de dióxido de carbono”, dijo a IPS Shailendra Yashwant, de Greenpeace. “Una turbera de cuatro millones de hectáreas de la septentrional provincia de Sumatra contiene 14,6 gigatoneladas (14.600 millones de toneladas) de ese gas.”
Casi 28 millones de hectáreas de bosques fueron destruidos en Sumatra, Suleweisi y Kalimantan, en Indonesia, desde 1990, según investigaciones de esa organización ambientalista.
En la actualidad se hacen desaparecer miles de hectáreas de turbera para cultivar palma, negocio que está en manos de empresas privadas.
El atractivo del cultivo de palma, anterior a la demanda de la UE, obedece en gran parte a la relativa facilidad con que crece y a la seguridad de sus ganancias.
“El precio del aceite de palma ha sido muy bueno. Siempre hubo demanda”, señaló Patrick Durst, especialista forestal de la división Asia Pacífico de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). “No es un cultivo intensivo.”
Por ello, otras naciones de Asia sudoriental, desde Birmania a Tailandia, pasando por Camboya y Vietnam, hasta Filipinas, comenzaron a seguir los pasos de Indonesia y Malasia.
Bangkok se propuso tener 1,6 millones de hectáreas de palma cultivadas en las próximas dos décadas, quintuplicando las actuales 320.000.
Pero por si, de todos modos, los países se disponen a invertir en ese cultivo para producir biocombustibles, el PNUD reseñó algunas historias positivas, donde pequeños emprendimientos agroindustriales implementaron medidas que no dañan el ambiente ni violan los derechos humanos.
“La mayoría de la producción en África occidental entra en esa categoría”, añadió.
