Hace muy pocos días, un mediano empresario pesquero ecuatoriano, exportador de productos frescos y congelados, exhibió ante sus visitantes un memorando recién llegado desde una importante cadena de supermercados de Estados Unidos. Requería el cumplimiento de una serie de ítems vinculados a la Responsabilidad Social Empresaria, los que debían ser certificados para continuar con la relación comercial.
Cada vez con mayor frecuencia, ocurre lo mismo con los procedimientos y buenas prácticas de calidad y ambientales exigidos por grandes compradores y países destino. Es un hecho, además, que la eco-certificación de pesquerías viene ganando un gran espacio entre las exigencias de los importadores.
Este conjunto de demandas de los mercados globales, que reflejan la creciente información de los consumidores y su adhesión a las campañas sociales y ambientales, puede ser asumido como una molestia, como un mal ineludible, y ser cumplidas de mala gana, a veces formalmente, o incluso como una técnica de lavado de prácticas dañosas.
Pero también pueden ser una oportunidad para un cambio cultural que beneficie a la comunidad, a los pescadores, a los trabajadores y también a las empresas.
Todos, en mayor o menor grado, sabemos o intuimos que hay un camino agotado. Que se necesita un cambio de modelo de desarrollo.
Los recursos pesqueros de captura han llegado, en general, a su límite o lo han sobrepasado. La actividad pesquera está superpoblada y sobre-capitalizada.
Pesquerías artesanales e industriales notan la reducción de las abundancias. Los descartes y otros daños al medio ambiente marino hacen sentir sus efectos.
En simultáneo con el mayor costo que todo ello implica, el alza del precio del combustible obliga a repensar la ecuación energética de la extracción de los recursos marinos.
El afán de ciertas empresas de bajar costos mediante la precarización del empleo y la subsumisión de los pescadores independientes eleva otros costos menos visibles, como el que se deriva de la falta de compromiso del que produce con el proceso de producción. O de la falta de incentivos para la capacitación. O del deterioro social de las comunidades costeras.
Si se mira el mediano y el largo plazo de la pesca latinoamericana, las conductas que las nuevas demandas de los mercados condenan, son fuente de mayores costos que de beneficios.
Por el contrario, si se respeta el medio ambiente y su productividad natural, si se respetan los derechos de las comunidades costeras y de los pescadores, la extracción de los recursos acuáticos se transforma en un juego en el que todos ganan.
La disyuntiva es clara. Y ya no hay demasiado tiempo para tomar las decisiones correctas. 

Recomendar este artículo  Mandar este artículo por correo