Los consumidores tenemos derecho a elegir los alimentos según nuestras preferencias y convicciones, como la del vegetariano que rehúsa consumir proteínas animales. En Europa, desde 2004 existe una normativa sobre los alimentos transgénicos. El etiquetado y la trazabilidad (posibilidad de seguir el proceso del alimento desde su inicio hasta el consumidor) deben garantizar el derecho de los consumidores a elegir con información adecuada entre los alimentos convencionales y los que se han obtenido mediante ingeniería genética, llamados organismos modificados genéticamente (OMG). Ese tipo de normativas genera confianza entre los consumidores que saben qué es lo que compran.
La modificación genética de la naturaleza se viene practicando desde hace siglos para mejorar las cualidades de animales y plantas y para su aplicación a los fármacos. Sin embargo, la biotecnología actual nos hace pensar y cuestionarnos sobre los riesgos de esas alteraciones.
Las plantas transgénicas son variedades a las que se introducen genes que las hacen más resistentes a los herbicidas y a las plagas. Estas modificaciones son criticadas por los grupos ecologistas, que temen se alteren los ritmos y el medio ambiente.
En los últimos 10 años, estos cultivos han alcanzado los 90 millones de hectáreas. En 2005, 21 países permitieron su siembra.  Estados Unidos, con más de la mitad de la superficie del mundo dedicada a estas plantas, (casi 50 millones de hectáreas) es el país donde los transgénicos se enfrentan con menos obstáculos. Seis países producen el 99% de estos cultivos: EEUU (63%), Argentina (21%), Canadá, Brasil, China y Sudáfrica. En la Unión Europea, España ha sido el país pionero en la siembra de variedades transgénicas, con 100.000 hectáreas de maíz.
Son cuatro los cultivos que ocupan la mayoría de la superficie sembrada con transgénicos en el mundo: soja (61%), maíz (23%) algodón (11%) y colza (5%), destinados, sobre todo, a la producción de piensos compuestos para la ganadería intensiva y otros usos industriales.
Una parte de estas producciones y otras con las que se experimenta, como la papaya, la uva o la patata, pueden pasar a formar parte de la cadena alimenticia humana.
Ante el debate sobre las modificaciones genéticas es habitual encontrar posiciones extremas. Adela Cortina, catedrática de Ética lo expresa de esta forma, ” por un lado está el fundamentalismo biotecnológico, que promete explícita o implícitamente el riesgo cero, e invita a dar luz verde sin precauciones ni controles al mercado de transgénicos, y tacha de retrógrados a quienes presentan la menor duda; y por otro, el fundamentalismo antibiotecnológico, que exige la abstención sin paliativos, porque ningún poder de este mundo puede garantizar el riesgo cero en condiciones de incertidumbre, y silencia los beneficios que se pierden con la abstención, condenando por irresponsables a quienes puedan pensar otra cosa. Más que con dilemas, nos enfrentamos con problemas que hay que resolver ponderando posibles beneficios y perjuicios, desde una voluntad decidida de apostar por lo mejor”.
Para unos, los transgénicos servirán para que todos los seres humanos tengan alimentos suficientes, se ahorre en pesticidas, se consuman productos de mayor calidad, con prácticas agrícolas más sostenibles que reduzcan la erosión del suelo y beneficien al medio ambiente y a las generaciones futuras.
Para otros, esta clase de producción beneficiará sobre todo a las grandes empresas monopolísticas, que cobrarán a los pobres sumas impagables por el uso de patentes, se cuidarán bien poco de la contaminación ambiental, llenarán el mercado de alimentos no sólo insípidos, sino en ocasiones dañinos, y obligarán a los consumidores a comer sólo productos transgénicos, porque expulsarán del mercado a los convencionales.
Adela Cortina propone varios elementos para ese debate. Trabajar en la idea de un desarrollo sostenible, que compatibilice la producción de alimentos con la conservación de los ecosistemas. Es preciso exigir responsabilidad por las consecuencias de las intervenciones, debatir el problema de las patentes biotecnológicas en relación con los países en desarrollo y potenciar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Lo cual exige una amplia y veraz información, que empieza en la escuela y continúa a través de los medios de comunicación.

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