Ya nadie puede negar que la escasez de merluza común o “pescada” es una realidad en nuestro litoral. Este recurso, históricamente muy abundante en nuestras costas, ha estado sometido a una intensa presión de pesca debido fundamentalmente a la actividad de la flota industrial, que no sólo se encuentra privilegiada con los mayores porcentajes de la cuota de extracción, sino que además captura el recurso a través de la devastadora modalidad de pesca de arrastre.
Lo más grave es que dirigentes de pescadores artesanales de la Caleta Portales en la Quinta Región han denunciado que en el último tiempo tres de sus pescadores se suicidaron debido a los apremios económicos originados por la ausencia de merluza, recurso que históricamente ha constituido la principal actividad productiva del sector pesquero artesanal en esa zona.
Continuamente hemos denunciado la paupérrima condición en que se sobreviven numerosos pescadores artesanales, las omisiones, las agresiones, la discriminación y, en general, las injustas y sacrificadas condiciones de trabajo. Entonces, se podría pensar que si tres pescadores artesanales dan término a su vida por culpa de una mala política de administración pesquera del gobierno, la negligencia del Ejecutivo ha contribuido a estos decesos o al menos no ha sido eficaz en revertir las condiciones que propiciaron una decisión tan extrema.
La distribución de la cuota de captura de la merluza común está definida a través del Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA), a través de la cual un 65% de la cuota global es asignada a los pescadores industriales y sólo un 35% para el subsector artesanal. En otras palabras no sólo hay poco, sino que además la gran tajada de la torta se la llevan un puñado de empresarios. A modo de ejemplo podemos señalar que los años 2003 y 2004 los industriales desembarcaron un total cercano a las 90 mil y 57 mil toneladas respectivamente, mientras que los artesanales sólo capturaron cerca de 25 mil y 16 mil toneladas durante esos mismos años.
Es posible que el Estado, que en este caso es quien representa la propiedad (ya que los peces son un patrimonio de todos los chilenos) delegue la explotación del recurso a los privados, siempre y cuando éstos retribuyan adecuadamente de acuerdo a los dividendos originados por dicha explotación, a través de un tributo proporcional a la renta. Pero en el caso de nuestras pesquerías, el Estado le asigna gratuitamente los mayores porcentajes de captura a la flota industrial, siendo que el subsector artesanal es mucho más numeroso e indiscutiblemente tiene derechos históricos de explotación. Por si fuera poco, el fruto de la captura de la flota artesanal está orientado a la alimentación de la población en su conjunto, por lo que en definitiva somos todos los habitantes del territorio los perjudicados.
Respecto a la normativa vigente, no existe ninguna restricción a la Talla Mínima Legal (TML). Ésta es una medida orientada a garantizar un tamaño de explotación mínimo que permita asegurar la reproducción y renovación de los recursos pesqueros. En el caso de la merluza común, no existe ninguna prohibición a la TML, por lo que resulta habitual encontrar ejemplares de bajo calibre en el mercado. De hecho, los pescadores artesanales han denunciado la existencia de “caletas secas”, que corresponden a lugares donde se comercializan juveniles de merluza común y que se encuentran completamente al margen de la regulación sectorial y de las resoluciones sanitarias. En todo caso, la implementación de una TML debe estar acompañada de efectivos mecanismos de control (e.g. observadores a bordo), ya que de otro modo inevitablemente va a derivar en un aumento del descarte, lo que es aún más nefasto para la conservación del recurso.
A través de un royalty o mecanismo arancelario se podrían obtener los recursos económicos necesarios para ayudar a subsanar la precaria situación de los pescadores artesanales, sin necesidad de tener que enfrentar nuevas tragedias de esta índole. El gobierno debe tomar conciencia y entender que son muertes gratuitas y evitables, que reflejan una dramática realidad social e involucran una  aguda tragedia familiar.

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