Además están llevando a cabo una enérgica campaña para lograr que se levante su prohibición, favoreciendo la incorporación a la Comisión Ballenera Internacional a países que nunca han tenido una flota ballenera y a los que financian proyectos de cooperación, situación que abre nuevamente este año el riesgo que esto significa para la mayoría de las distintas especies de ballenas.
Durante el último siglo, gran parte de las poblaciones de ballenas fue diezmada a causa de su caza comercial. Se estima que entre 1925, año en que se introdujo el primer barco factoría, y 1975, más de 1,5 millón de ejemplares han muerto. Sus perseguidores cazaban las diversas especies pasando de una población a otra a medida que éstas disminuían debido a su explotación indiscriminada.
Tras reiteradas demandas de parte de la comunidad mundial, la Comisión Ballenera Internacional aprobó una moratoria para la caza comercial de los grandes cetáceos, que entró en vigor en 1986. Pese a eso desde 1987, Japón ha continuado su captura anual bajo la denominada “caza científica”, nombre que es una falsedad ya que en realidad se trata exclusivamente de una actividad comercial.
Pero detrás de la argumentación japonesa, carente de todo fundamento científico, se encuentra además el interés de las potencias pesqueras para establecer un plan de administración de especies múltiples que involucre la caza a gran escala de grandes especies predadoras (como las ballenas) con el supuesto objetivo de maximizar los niveles de captura de otras especies marinas de interés comercial. Si esto fuera así, habría que considerar que el número de ballenas actual es sólo un pequeño porcentaje de la población total de ballenas existente antes de la ballenería industrial por lo que - siguiendo la lógica japonesa - las poblaciones de peces deberían haber aumentado considerablemente y no disminuido al preocupante nivel en que se encuentran actualmente.
Por eso y por la creciente modificación de los integrantes de la Comisión Ballenera Internacional, donde Japón logra cada vez más aliados, se vuelve necesario actuar con urgencia para detener la depredación que cometen los países transgresores. Más allá de la fuerte oposición de las organizaciones ecologistas y la divulgación pública de lo que está sucediendo, resulta imperativo que el Gobierno chileno adopte acciones a nivel político y diplomático así como en el plano internacional.

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