Vuelve el lobo. Nunca se fue, pero el depredador más aborrecido, temido y vilipendiado, sujeto de una leyenda negra universal, cobra un nuevo protagonismo en España.
Por primera vez, tras seis años de debates, las comunidades autónomas y el Gobierno central han definido una estrategia nacional de conservación y manejo para una especie cuya supervivencia no peligra. De hecho, los especialistas certifican un aumento de la población en la mayoría de las regiones loberas y la presencia en el Pirineo catalán de ejemplares sueltos llegados de Francia e Italia.
El lobo está aquí «en un buen momento». Juan Carlos Blanco, biólogo asesor del Ministerio de Medio Ambiente y muñidor de la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del Lobo aprobada a finales de enero, se muestra optimista sobre el futuro del ‘canis lupus’ ibérico. Con una población estimada de unos 2.000 individuos -los censos manejan una horquilla de 1.750 a 2.500-, España es el mayor reducto de la especie en Europa occidental. A ello se une una filosofía conservacionista que arranca en los 80, pero que se ha consolidado y generalizado en los últimos tiempos.
El lobo fue perseguido y exterminado durante décadas, hasta los 70, cuando acuerdos internacionales y solitarias voces proteccionistas como la de Félix Rodríguez de la Fuente empezaron a revertir la tendencia. Pero es ahora cuando hay «por primera vez en la historia del lobo una decisión de conservarlo». «La finalidad de todos los planes de gestión es que haya lobos, lo cual es relativamente nuevo», recalca Blanco. El lobo y sus circunstancias no están pues al filo de la extinción como el lince, ni estancado como el oso, o en serio peligro como el urogallo. Aún así, se hace acreedor por fin de un acuerdo nacional entre la administración central y las autonómicas -titulares de la gestión medioambiental- por su amplia distribución regional, «el elevado perfil social, las implicaciones socioeconómicas de la especie, y su valor ecológico, científico, cultural y simbólico», reza el documento suscrito.
La estrategia, aprobada en el seno de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, es un primer paso «para trabajar juntos», señala el coordinador. Luego corresponde a las CC AA deben elaborar sus planes de gestión y son ellas las que tienen la última palabra sobre el manejo del lobo en sus territorios. S
La situación es desigual en densidad lobera y estatus normativo en las regiones afectadas. El cuadrante noroccidental, en ambas vertientes del Duero, es el epicentro de la población española de lobos. Castilla y León (57%), Galicia (26%) y Asturias (11%) acaparan casi el total y sus núcleos reproductores prosperan sin dificultad. Asturias es por ahora la única comunidad con plan de gestión vigente que establece medidas de control, pero no permite la caza de lobos. En Galicia y Castilla y León se ultiman sus respectivos programas de manejo del lobo, catalogado en ambas como especie cinegética, aunque en esta última sólo al norte del Duero. La caza del lobo está también autorizada en Cantabria y La Rioja. En el País Vasco rige una orden foral de vedas en Álava y Vizcaya, y la especie está estrictamente protegida en Castilla-La Mancha, donde no acaba de arraigar, y en Andalucía y Extremadura, donde es minoritaria y de futuro incierto.
En total, el lobo campea en unos 120.000 kilómetros cuadrados, la quinta parte del país. Daños El lobo ibérico prospera y con él los problemas que acarrea esta especie fascinante y conflictiva. El documento pactado en enero calcula en más de un millón de euros al año los daños por ataques a rebaños; mayores en las áreas de ganadería en régimen extensivo. En la cordillera Cantábrica cada lobo puede causar pérdidas medias de 1.200 a 2.500 euros anuales. En la llanura agrícola castellana la cifra baja a unos 210 euros, y aún son menores en la región subcantábrica.
Se trata de un problema complejo en el que confluyen muchos factores. Hay zonas en las que los daños al ganado perjudican a trabajadores rurales con baja renta; en otras, las subvenciones agrarias comunitarias han hecho crecer el ganado que pasta sin protección alguna, lo que dispara de forma desproporcionada las pérdidas; y, por otro lado, el regreso del lobo a territorios que una vez fueron suyos plantea a algunos ganaderos riesgos imprevistos, que se traducen en un conflicto social también desproporcionada.
En el Sur, los núcleos residuales de lobos de la Sierra de Gata, Extremadura y Sierra Morena no chocan con el ganado, sino con intereses cinegéticos de las fincas privadas de caza mayor, donde hostigan al lobo para alejarlo de un negocio muy rentable para los propietarios. Una vez más, cada autonomía busca el equilibrio entre la conservación del lobo y la convivencia con la actividad humana y resarce los daños a su manera. Algunas optan por la compensación directa a los afectados, como Asturias, Andalucía, La Rioja, y Álava en el País Vasco. Otras franquician los seguros agrarios, caso de Castilla-la Mancha y Vizcaya, o bien fórmulas mixtas, con pagos directos para los daños causados en terrenos públicos y franquicias o subvenciones en el resto, como ocurre en Castilla y León y en Galicia.
La estrategia insta a los ganaderos a implantar medidas preventivas para reducir los ataques -cercados y pastores eléctricos, mastines, apriscos donde sea posible…-. Recomienda a las administraciones agilidad en las compensaciones y no descarta el recurso a las batidas en las zonas de imposible conciliación. «En áreas susceptibles de elevados daños al ganado y alta conflictividad social, con ausencia de ungulados silvestres y escasos valores naturales, no parece razonable tolerar poblaciones de lobos», subraya el texto. «Es un conflicto eterno en el que hay que buscar los puntos de equilibrio», apostilla Blanco, que nunca satisfarán las posturas más radicales de ganaderos por un lado y ecologistas por otro, pero pueden deparar un futuro común al hombre y al lobo.