La participación de los ciudadanos en materia socioeconómica local relacionada con el desarrollo sostenible

La participación de los ciudadanos en materia socioeconómica local relacionada con el desarrollo sostenibleParticipación: R.A.E. (Del latín participare).Tomar uno parte en una cosa. / 2. Recibir una parte de algo. / 3. Compartir, tener las mismas opiniones, ideas, etc, que otra persona. Úsase más con la preposición de./ Verbo transitivo. Dar parte, noticiar, comunicar…

La filosofía de los valores es iniciada por el alemán Lotze a finales del siglo XIX y parte de que el estudio del ser -ontología- no agota el campo de lo que hay. La belleza, el mal, no son seres, pero tampoco son ficciones sino valores. Requieren, no obstante, un soporte ontológico, un contenido, presentarse en polaridad (con opuesto) y admitir grados de intensidad y jerarquía. Para Lotze la superación del mecanicismo de la ciencia natural es posible por la actividad del alma en la que se revela el mundo superior de los valores.
 Como apunta Ortega y Gasset en “¿Qué son los valores?”, en la Revista de Occidente nº IV de octubre de 1923, y como meditación sobre tan sutil materia, a cuya ciencia llama Estimativa, cada época, cada raza, parecen haber tenido una sensibilidad peculiar para determinados valores y han padecido, en cambio, extraña ceguera para otros.
 Las cualidades del valor son innumerables como lo son las físicas; y el hombre, va teniendo de ellas, lo mismo que de estas, una creciente experiencia a lo largo de la historia como proceso de descubrimiento de valores. La invención genial de nuevos valores religiosos, políticos o prácticos (Cristo, San Francisco, Buda, Maquiavelo, Miguel Ángel, Goya, todos ellos espíritus, dice, soberanos), sin duda han marcado nuevas rutas, nuevas conductas y por tanto trazado el camino de la historia de la Humanidad. El tema de los valores sugiere, por tanto, una increible fertilidad y la Estimativa o ciencia del valor se movería por unas leyes de evidencia perfecta, al modo de las geométricas.
 Los valores, prosigue Ortega, aparecen con más claridad cuando se advierten sus propiedades, su calidad. Un valor siempre es o positivo o negativo. Además, es esencial a todo valor ser superior, inferior o igual a otro, tener rango. Calidad y rango dependen de su materia. Así, prosigue, el valor tiene tres dimensiones: su cualidad, su rango y su materia. Los valores son una sutil casta de objetividades que nuestra conciencia encuentra fuera de sí como encuentra los árboles y los hombres. El valor no es, por tanto, un don de nuestra subjetividad. El valor no es una cosa, no obstante, sino que es tenido por ella. El cuadro no es la belleza, sino que tiene belleza, posee el valor belleza. El valor se presenta como cualidad de la cosa. Valorar no es dar valor sino reconocer un valor residente en el objeto. Por tanto educar en valores es suscitar la capacidad de percibir y reconocer la objetividad de los valores existentes en las cosas, en las instituciones, en las costumbres, etc.
 No pretendemos sentar cátedra cuando constatamos que las circunstancias sobrevenidas han aconsejado recomendar la conveniencia de la participación directa de los ciudadanos en materia socioeconómica local por los efectos beneficiosos que puede aportar ante nuevas realidades históricas, ambientales y sociales. Es, creemos, cuando se invoca en determinadas circunstancias emergentes, como es el caso del Capítulo 28 de un Programa 21 -consensuado por 179 gobiernos del Planeta- pura conciencia colectiva de que constituye un valor positivo y superior, algo beneficioso e inmerso en el orden natural de las cosas.
 La participación directa de los ciudadanos en materia socioeconómica local para el ejercicio del Desarrollo Sostenible con sus consecuencias de concienciación, colaboración y corresponsabilidad, que prescribe el capítulo 28 del Programa 21, reúne todos los ingredientes para ser tenida como un valor superior, positivo, político y práctico, además de un derecho reconocido en su tiempo con cierto matiz estético que, ante nuevas e importantes circunstancias, insistimos, la aconsejan, por emanación colectiva y consensuada en cierto momento, como algo objetivo a ejercer.
 El principio 5 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo dice textualmente: “Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo” y el principio 10 comienza afirmando: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda…”. Es de señalar que la puesta de largo de la participación directa de los ciudadanos no haya sido a través de esta institución de la Agenda 21 Local consensuada en Río por 178 paises, sino de los presupuestos participativos puestos en marcha por Tarso Genro en Porto Alegre y la democratización de los gobiernos locales en la región india de Kerala.
 Es como un recurso durmiente, enunciado y reconocido que ante la emergencia se aconseja utilizar porque vale para ello cuando a lo local se le da una importancia básica para bien de lo global. Su elusión y modulación hacia menos nos permite valorarla como algo perjudicial y negativo, máxime en las circunstancias actuales constatadas y tras su prescripción por una ley consensuada, aunque lo sea blanda, que no amorfa o de libre interpretación, como es el Programa 21. Quede bien claro que no se trata de asamblearismo anarquizante, sino de un proceso extendido en el tiempo, serio, ordenado y documentado, bajo la autoridad de un alcalde o concejal delegado y sometido, este proceso, al consenso tanto en la formación del grupo participador como en la determinación de los objetivos.
 El aspecto prismático, a partir de las acepciones de la R.A.E. de tomar parte en, recibir responsabilidad sobre, aunar ideas con y comunicar y noticiar, sin duda le da un magnífico volumen a este valor que, como ha ocurrido con el de libertad, supone una trayectoria evolutiva para nuevas épocas que van conformando a los seres humanos en esa Estimativa y en su historia con las lógicas consecuencias.
 La asimilación es lenta en unas circunstancias, como lo fue el valor libertad hasta determinado momento de la historia en que fueron su negativo exclavitud, sojuzgamiento y ciertas circunstancias de tiempo y lugar, los que lo convirtieron, tras importante crisis histórica, en valor estrella asumido por todos, produciéndose a partir de entonces adhesiones masivas entre los que antes lo negaban. El proceso es rapidísimo cuando cierto ambiente, que se ha ido cuajando alrededor, hacen precisamente que su negativo sea el que lo provoca y actúa de detonante porque, sencillamente, es necesario que así sea y surge una nueva época y la ceguera ante ese valor deja de operar. Se ha asimilado que lo válido, lo verdadero, es lo que se hace, v.g., en libertad.
 Un proceso, una decisión, una trayectoria, una conducta, admitirán apreciar en ella, para valorarla, si se ha producido en libertad o con libertad  e, igualmente, si se ha producido de forma participada efectiva, lo que añade un valor apreciable objetivo en ella de cuna democrática genuina que aporta legitimidad. No tendrá, pues, el mismo valor para los que lo contemplan. En el caso de lo local, supone un grado más preciso y de más fácil comprensión cuando hablamos de Desarrollo Sostenible.
 La consideración de la existencia de este valor invocado, poco tenido en cuenta hasta la fecha, implica un paso adelante en materia de democracia y la puesta en marcha de unos enunciados más estéticos y cosméticos que otra cosa pese a que constituya un derecho reconocido por la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, si bien esa participación directa, pero utilitaria, como prestación personal, se ha traducido como obligación en ciertas circunstancias, como son la institución del somatén, la lucha contra los incendios, la recogida del chapapote y la colaboración personal en todo tipo de emergencias y catástrofes -se llega a tipificar sustantivamente el delito de omisión de auxilio- incluyendo el servicio militar obligatorio, pero siempre como servidumbre dirigida por unas autoridades planificadoras y rectoras y pocas veces o en escaso grado como contribución a la toma de decisiones.
 La participación indirecta o representativa ha ido buscando la legitimación de una aristotélica aristocracia electiva de hecho bajo la forma de partitocracia excluyente, como si, por un raro y salvífico mecanismo electoral -que transige con cualquier porcentaje de participación en el proceso electoral por exiguo que este sea sin cuestionarse nada sobre donde empieza y termina el quorum que da legitimidad a la representación- se eligiera a los mejores y fuera de ellos no quedara nada apreciable, salvo corifeos mediáticos, notables y sabios al paño que, al menos durante un cierto periodo de tiempo. Un auténtico sofisma hijo del cómodo reduccionismo trasnochado y esclerosante que ignora los conceptos ecología y sistema y que supone normalmente una irrefrenable tentación dificil de vencer. Es patente que comienza a no ser así para la mayoría.
 En cierta manera, el desencadenante no deja de ser el barrunto de una catástrofe igualatoria para la humanidad que ha aconsejado prudentemente y al margen de estos criterios predominantes, prescribir por convencimiento la participación directa en lo local, desde el consenso y en concurrencia convergente con otras medidas y otros actores que proceden de la democracia representativa, si bien esta vez no para ponerse a las órdenes de sino, precisamente, para contribuir en la búsqueda de soluciones y en la toma de las mejores decisiones junto a, en un plano de igualdad, como requiere la verdadera participación directa, según apunta certeramente Leopoldo Moscoso en su trabajo “De Trabajadores a Ciudadanos y Viceversa: La Crisis del Trabajo en la Perspectiva de Dos Fines de Siglo”, en Cuadernos de Relaciones Laborales, vol.21, n.1, 2003, págs. 13-23, y esta vez ya reviste otro cariz. No es una merced sino un derecho.
 Se trata, pues, de poner en ejercicio un derecho reconocido y hacerlo porque existe una necesidad para lo que en la participación directa y efectiva de los ciudadanos se reconoce un valor objetivo positivo y que, por tanto, requiere el concurso de todos no sólo como actores inducidos, sino como aportadores de sus ideas anticipatorias, de su prospectiva, de sus iniciativas, de sus deseos, de la cesión y cambio en usos y hábitos posibles hasta ahora, de propuestas pensando en generaciones futuras, de administrar con un criterio de cambio pactado tal y como prescribe el Programa 21 de la ONU. Constituye, en efecto, un valor reconocible y objetivo.
 La participación directa en igualdad, por tanto, sólo se produce en una mesa de negociación, con turnos, orden, argumentación, tiempo por delante, sin dirigismos ni imposiciones y en consenso. De ninguna manera imponiendo las asociaciones como único vehículo -en ellas sin duda se da legitimidad pues el representante suele ser lider como persona- pues volveríamos a la participación representativa, sino ratio personae
 De ningún modo las encuestas, los sondeos ni los foros breves inducidos o no por diagnósticos previos, justificativos y exhibitorios, ni el asamblearismo reivindicativo y anarquizante a mano alzada pueden exhalar las objetividades beneficiosas y legitimadoras del valor participación directa, puesto que no aportan nada, al menos, en estas circunstancias tan trascendentes.
 La gobernabilidad de ciudades y países cada vez mas populosos pero especialmente las grandes concentraciones hacia las que caminamos y que pronto van a afectar al 80% de la población mundial requiere ciudadanos implicados, concienciados, convencidos, colaboradores y receptivos.
 La participación directa de las mujeres y de los jóvenes, que postula y prescribe el Programa 21 en sus capítulos 24 y 25 generosamente, además de la de ONGs, empresarios, sindicalistas y pueblos indígenas, y que suponen la incorporación de un enorme porcentaje de población excluido prácticamente hasta el momento, supone la aportación de un capital humano infrautilizado y amortizado.
 Esa desamortización que es la participación local directa y real de la sociedad civil en la toma de decisiones y en su posterior seguimiento y control va a reportar beneficios no sólo en el cambio de hábitos respecto del uso y abuso de los recursos naturales y su mejor administración, sino también en la contribución a la reordenación de los valores colectivos realmente imperantes y no impuestos por unos pocos, va a contribuir a la mejora en la gobernabilidad y va a ser una fuente de información valiosa y un factor determinante para que las autoridades locales puedan proceder al cambio con actuaciones políticamente incorrectas legitimadas por esa participación y luchar con eficacia contra el deterioro ambiental, la pobreza, la ignorancia, la corrupción y el terrorismo.
 Los ciudadanos no son semovientes a los que solo se les convoca cada equis años a votar listas predeterminadas por no se sabe quien. Los líderes locales, de cada sector que pueda identificarse, tienen tanta sabiduría popular como la puedan tener las autoridades locales, con la ventaja de que, aparte la diversidad de criterios y experiencias valiosas que pueden aportar, no pivotan sobre plazos de legislatura, no van a corto plazo en sus aspiraciones, ni tienen que capitalizar sus actuaciones con carácter inmediato con visión electoralista, ya que no se deben a intereses de partido, y por tanto son mas libres de opciones positivas a largo plazo y de su legitimación para uso de políticos.
 Téngase muy en cuenta que aquí no se trata de conocimientos generales académicos (matemática, física, química, etc…) que se suelen producir con caracter horizontal y a requerimiento de parte, como se actúa con el médico, con el abogado, con el arquitecto, con el experto, sino de temas socioeconómicos locales, de un entorno humano que vive diariamente en contacto visual si no físico con las autoridades y giran sobre la problemática de cada municipio que es específica y compleja y de ahí que actuar localmente pensando globalmente sea vital para un futuro sostenible. Información, convencimiento, concienciación y cambio de conducta. Tiene similitud con un consejo de familia bajo la presidencia de la autoridad en circunstancias graves y previo a cualquier consulta o auxilio externo.
 No valen, para el cambio exigido por el Desarrollo Sostenible, los slogans ni las catas al pulso social que suponen los sondeos de opinión, sino el esfuerzo mancomunado y directo que propugna el Programa 21 para el que hay que abrir nuevos cauces y del que no puede faltar la población de cada porción de biosfera que es el término municipal, en el que se habita, donde se vive día a día. Así, una práctica previa de siempre, como era el concejo abierto reconocido en numerosos fueros y cartas pueblas de la España medieval, se convierte, con las modulaciones necesarias, en la última y más novedosa de las contribuciones, porque el Programa 21 lo considera imprescindible.
 A la sabiduría popular se ha confiado, con la asistencia y servicio de especialistas, cuando han sido requeridos y han estado disponibles, lo más importante: el cuidado y la crianza de los seres humanos, su salud, su alimentación, su educación, el trato con la tierra, los animales, el uso del agua, la construcción…Como dice Luis Racionero, la sabiduría popular, en contraste con la información y el conocimiento, es un don de acción y en esto lo fundamental es el momento y la intensidad. Es un conocimiento vital, no sistemático, ni racional, ni lógico, sino vivido, intuido y ganado por la experiencia. Al decir de Heraclio, según dice el mismo autor, sofía, consiste en decir la verdad y actuar según la naturaleza, escuchándola.
Pelayo del Riego Artigas
Secretario General de la Fundación Desarrollo y Naturaleza DEYNA
Miembro del Capítulo Español del Club de Roma
C/ Príncipe de Vergara, 136 -28002 Madrid
Tno: 91 7451395
Mail: deyna@idecnet.com
www.deyna.com

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