La Audiencia de Valladolid ha cerrado la vía penal del caso “García
Quintana”, un exponente del actual desamparo ciudadano ante los grandes poderes económicos, que consiguen ignorar derechos constitucionales, como el de la salud, y una manifestación de la sumisión a esos poderes de algunas autoridades políticas, judiciales o sanitarias, tanto estatales como autonómicas, supuestamente garantes de los derechos mencionados.

Muchos empleados de agencias inmobiliarias conocen por experiencia, aunque tal vez ignoren el motivo, que bastantes áticos y pisos elevados se alquilan o venden mal, cambian con frecuencia de inquilino y permanecen vacíos durante largas temporadas. Cuando desde ellos se divisan antenas de telefonía, esos pisos son los que reciben más directamente la radiación y entonces, ante la impotencia del propietario, su valor económico se devalúa. Niños llorones, padres insomnes, síntomas extraños que no encuentran justificación en los exámenes médicos convencionales que, por desgracia, no suelen profundizar en las causas ni indagar en la ecología cotidiana de las personas, obligan a muchas familias a abandonar su domicilio o, en el mejor
de los casos, a protegerse con planchas metálicas, aplicando el método de la “Jaula de Faraday” aprendido de la física.
Ésta es la realidad de lo que está sucediendo y es sabido que la verdad, como la ciencia, no pueden
ocultarse indefinidamente. Los seres vivos somos complejos electroquímicos muy sensibles, que nos
comunicamos con el medio que nos rodea a través de impulsos eléctricos. En nuestro organismo existen corrientes iónicas y diferencias de potencial eléctrico a través de la membrana celular y de los fluidos intra y
extracelulares. Los campos electromagnéticos generados en las estructuras biológicas están caracterizados por determinadas frecuencias específicas, que pueden verse interferidas (igual que un programa de radio) por la radiación electromagnética incidente, provocando una inducción y modificando
su respuesta.
La saturación del medio con emisiones ondulatorias de diferentes frecuencias, creadas artificialmente, tiene sus consecuencias negativas sobre las personas. Por ello, es necesario su seguimiento y control. Algunos órganos o sistemas, como el corazón y el sistema nervioso, son especialmente sensibles a estas inducciones. Por ejemplo, varias investigaciones han demostrado que la baja frecuencia de los pulsos del
sistema GSM interfiere con las ondas cerebrales, provocando ondas delta, patológicas en personas adultas despiertas. La Recomendación Europea sobre
la precaución en el uso de teléfonos móviles por personas que portan marcapasos tiene la misma motivación.
Robert O. Becker, reconocido investigador afirmó recientemente: “No albergo ninguna duda de que en el presente el más grave contaminante en el medio
ambiente de la tierra, más serio incluso que el cambio climático global y la polución química, es la proliferación de las radiaciones electromagnéticas”.
Representantes de la industria intentan convencernos de que la potencia de estos artilugios es similar a la de cualquier electrodoméstico casero, pero no explican que la corriente alterna de los electrodomésticos, cables y
transformadores de uso cotidiano (50-60 Hz.) induce un campo electromagnético estático, que no se proyecta en el espacio y que desaparece a escasos decímetros del aparato. Por el contrario, las radiaciones de las
antenas de telefonía (microondas de 900-1.800-2.350 MHz.) viajan alejándose de la fuente y llegan hasta decenas de kilómetros de distancia. Faltan a la verdad también, aunque esta vez no por omisión, cuando afirman que la contaminación electromagnética que se recibe más intensamente corresponde a las frecuencias de radiodifusión. La realidad es que las frecuencias
asignadas a la telefonía móvil acaparan la mayor parte de la contaminación electromagnética de la ciudad, que se ha multiplicado por 40 en los últimos años.
¿A cuántos nos han dicho, cuando intentaban firmar un contrato para ubicar una antena encima de nuestra azotea que si la ponían en el bloque de enfrente sería peor para nosotros?. Otra forma de desviar la atención es aludiendo al peligro de las radiaciones ionizantes y a la inocuidad de las no ionizantes. Pero resulta que las radiaciones electromagnéticas no ionizantes (50-60 Hz) han sido incluidas (junio, 2001) por el comité de
expertos convocado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer en la Clasificación de Sustancias Carcinogénicas, dentro de la categoría de
“posible carcinógeno en humanos” (grupo 2B).
Cuando nos “tranquilizan” diciendo que los niveles entran dentro de la legalidad, no nos explican que existe una gran discrepancia sobre máximos niveles de exposición pública entre las diferentes legislaciones. La
legislación española permite hasta 450 ?W/cm2 para el sistema GSM (900 MHz.), mientras Italia, Hungría, Bulgaria y Polonia permiten una exposición de los ciudadanos 45 veces menor que la española, China 68 veces menor, y Rusia, Suiza, Luxemburgo y Valonia (Bélgica) 187 veces menor.
Como hemos comprobado, las operadoras hacen referencia al acatamiento de normativas de dudosa fiabilidad preñadas además de contradicciones que
saltan a la vista, con términos como “áreas sensibles”, “límites de seguridad”, “niveles de decisión” . Tampoco nos cuentan los representantes de la industria que la Tasa o Índice de Adsorción Específica, más conocida
como SAR (Specific Energy Absorption Rate) se ha estandarizado a partir del calentamiento que se produce en un modelo artificial (una masa de plástico esférica rellena de una solución salina) inanimado y homogéneo, carente de las propiedades emergentes que caracterizan a sistemas complejos, como los seres vivos. Ni los efectos no térmicos ni los que se producen a largo plazo (el efecto de estas radiaciones en el sistema nervioso es acumulativo) han sido tenidos en cuenta en nuestra normativa. La negativa de los seguros para hacerse cargo de los problemas que puede provocar esta tecnología, con gran volumen de negocio, es asimismo perturbadora, como lo es la inexistencia de
un solo documento firmado por un profesional que certifique de forma categórica la inocuidad de estas radiaciones.
Pero el problema no es sólo del García Quintana -como intentan hacernos creer- o de Valladolid. No lo es en exclusiva de Castilla y León (el caso más grave se ha producido en Santa Marta de Tormes, Salamanca, con 40 enfermos de cáncer en una pequeña manzana de casas situada entre 3 antenas de telefonía), o de España (existen más de 40 noticias  publicadas en prensa sobre conglomerados de cáncer en ubicaciones próximas a instalaciones de telefonía). En Wishaw, cerca de Birminghan, un puñado de personas acamparon
recientemente para evitar que el mástil de telefonía, que había sido derribado por unos desconocidos, fuera levantado de nuevo, ya que allí se ha producido uno de los cluster de cáncer más graves de toda Inglaterra. David Lane, reconocido investigador del cáncer en el Reino Unido, en declaraciones a “The Courier” (3/11/03), se negó a que instalasen uno de estos mástiles
cerca de su casa, aduciendo que las señales pulsadas se han relacionado con la leucemia y la epilepsia. En Saint Cyr, (Francia) se desmontaron las antenas instaladas en el tejado de un colegio, tras la aparición de varios tumores y otros problemas de salud en el alumnado.
El peligro de estos disruptores de los sistemas nervioso, inmunitario y endocrino, no emana exclusivamente de la posibilidad de actuar como promotores del cáncer. Por encima de valores tan pequeños como 0.0006 ?w/cm2
(valor 750.000 veces por debajo del permitido por la legislación española) se ha encontrado una fuerte correlación con síntomas como tendencia depresiva, fatiga e insomnio, como demuestra un trabajo publicado por científicos austriacos y españoles en las Actas del Congreso Europeo sobre Bioelectromagnetismo celebrado en Kos (Grecia) en octubre de 2004. Los
suicidios repetidos que se producen en determinadas manzanas, podrían responder a este motivo.
Los llamamientos científicos a la sensatez como Salzburgo (2000), Alcalá (2002), Catania (2002) o Friburgo (2002) han caído hasta ahora en saco roto.
El riesgo forma parte de la vida. Desde el punto de vista de la ética médica hay dos importantes cuestiones. La primera es el consentimiento de un potencial riesgo, que sólo debe ser tomado con la aprobación de la persona.
Las personas que utilizan esta tecnología lo hacen como una libre elección. Quien habita o trabaja en las cercanías de una antena de telefonía móvil no puede decidir por sí mismo a cuanta radiación electromagnética estima oportuno exponerse. En segundo lugar, existe un principio general de que un
potencial agente nocivo debe ser apropiadamente evaluado antes de ser lanzado al mercado. Los mástiles y los teléfonos móviles incumplen ambos principios. Los responsables sanitarios tienen el deber de asegurar que la salud de la población no se vea comprometida. También tienen años de experiencia para entender la etiología (origen) y patología (proceso) de las enfermedades humanas. No se ve lo que no se quiere y no se encuentra lo que no se busca. Existen poderosas razones para no hacerlo. El cierre del caso
“García Quintana” es el cierre en falso de una herida que atañe a miles de familias. Antes o después volverá a abrirse.

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